De Ana Luisa Nerio para el Comité de Derechos Humanos Ajusco.

Discriminación en el Distrito Federal hacia las mujeres a causa de su embarazo.

Ana Luisa Nerio Monroy

Área de Análisis e Investigación del Comité de Derechos Humanos Ajusco (7 de agosto de 2015).

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El pasado 5 de agosto el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), presentó el informe especial “Discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de México, despido por embarazo”.

El documento aborda de manera amplia temas como los derechos humanos laborales; la situación laboral de las mujeres en México y en el Distrito Federal; el marco normativo internacional, nacional y local que protege los derechos a la no discriminación, a la igualdad de género, a los derechos laborales vinculados a la maternidad; las acciones emprendidas por el COPRED ante casos de discriminación por embarazo en la esfera del trabajo y el relato de casos concretos que han sido del conocimiento de esa institución.

En el Informe se concluye, de manera atinada desde mi punto de vista, que la maternidad es exaltada y celebrada cuando nos referimos a ella en lo abstracto pero cuando se trata de mujeres de carne y hueso -que ejercen su derecho a la maternidad, se embarazan y requieren permisos para ausentarse para la atención de su salud y cuidados prenatales, licencias por maternidad con goce de sueldo, acceso a servicios de salud ligados a las prestaciones sociales y condiciones de trabajo que no las pongan a ellas y al producto en peligro- entonces la maternidad ya no resulta motivo de celebración para las personas empleadoras.

De acuerdo a los datos retomados por este Informe Especial, existe un amplio marco jurídico internacional, nacional y local de protección del derecho al trabajo y los derechos laborales; el derecho a la no discriminación y los derechos humanos de las mujeres. El problema no está en las leyes (si bien aún faltan cosas por mejorar, reconocer o ampliar) sino en la práctica real. Es en los hechos, en la vida concreta donde las mujeres se enfrentan a la discriminación a causa de su embarazo. Se presentan entonces los malos tratos, la discriminación, el hostigamiento laboral y los despidos injustificados.

Si bien existen casos de discriminación laboral y despidos injustificados por causa de embarazo tanto en instancias públicas como privadas; es el ámbito empresarial o privado en donde existen mayores casos de discriminación laboral hacia las mujeres a causa del embarazo. Por supuesto esto está cobijado por diversas lagunas jurídicas y prácticas sociales y culturales que permiten que un patrón/a o empleador/a, realice actos discriminatorios y violatorios de los derechos laborales como la ausencia de contratos laborales por escrito, el no respeto a los horarios de trabajo o jornadas laborales; la no inscripción a servicios de salud (o la inscripción con un sueldo menor al que realmente perciben) de las y los trabajadores y por supuesto, el despido injustificado, entre otras violaciones.

Hipócritamente, nuestra sociedad celebra la maternidad y se habla de la importancia del cuidado de la salud de las mujeres embarazadas, de la importancia de la lactancia materna, de los derechos de las niñas y niños, del cuidado y crianza de hijas e hijos, de la familia etcétera. Hipócritamente se habla de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres y el valor de su aporte económico a la sociedad. En los hechos, conciliar vida familiar y laboral resulta un verdadero reto. Y nos enfrentamos a casos en los cuales la mujer que da aviso a su empleador/a sobre su embarazo se convierte en el inicio de actos de hostigamiento, obstáculos para su desarrollo profesional y hasta el despido.

El 31.4 por ciento de las mujeres del Distrito Federal son jefas de familia. El 44.3 por ciento de la población ocupada en el Distrito Federal son mujeres, de éstas el 44.2 por ciento tienen acceso a servicios de salud, es decir, una de cada 5 mujeres cuenta con estos servicios como parte de su relación de trabajo.

La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-CDMX) elaborada por el COPRED señala que el 34.1 por ciento de las mujeres encuestados señalaron al ámbito del trabajo como uno de los ámbitos en donde fueron discriminadas. Asimismo indica que en materia de discriminación de género, existen causas que se suman a esta discriminación como ser indígena, lesbiana, estar embarazada o ser madre soltera.

“El 52.5 %del total de personas encuestadas señaló que existe discriminación hacia las mujeres embarazadas. 32.8% dijo que se les discrimina mucho, 40.5% algo, 25.7% poco y 1.0% no sabe o no contestó. En la parte testimonial de la encuesta, un 2.5%de las encuestadas señaló haber sido discriminadapor estar embarazada. A las mujeres embarazadas se les viola el derecho al trabajo al negárseles éste (42.7%) y al despedirlas por su condición (6.9%), también se viola su derecho a la salud pues “lasagreden en los hospitales” (22.9%)” [1]

El COPRED recibe quejas (por casos entre particulares) y reclamaciones (cuando hay una instancia de gobierno involucrada). El gran número de casos que durante 2013 se presentaron por discriminación en el espacio laboral por motivos de embarazo dieron origen a la Opinión Jurídica 02/2013, en donde se concluye que existía un patrón comprobado de actos de discriminación y hostigamiento laboral, incluyendo el despido, a causa del embarazo. La campaña “Despido por embarazo, discriminación”, realizada por el COPRED en colaboración con otras instancias públicas durante el último trimestre de 2013, logró que más mujeres se acercaran a interponer una queja ante el Consejo. De estas quejas y los casos estudiados de manera más minuciosa mediante entrevistas directas con las mujeres afectadas, en los años 2013, 2014 y hasta junio de 2015, se nutre este Informe Especial al que ya he hecho referencia.

Las 11 entrevistas de donde se obtuvieron ejemplos de la situación vivida por las mujeres en el ámbito laboral a razón de su embarazo, revelaron que: 1) El promedio de edad de las afectadas es de 31.5 años, 2) Una de las entrevistadas tiene primaria, cuatro cuentan con secundaria terminada, dos bachillerato, tres licenciatura y una más maestría. 3) Tres de las entrevistadas son casadas, seis viven en unión libre, una es divorciada y una más se encuentra sola para enfrentar sus responsabilidades familiares.4) Cinco de las entrevistadas son cabeza de familia. 5) Las entrevistadas tienen de uno a cinco hijos/as con edades de entre un mes a 19 años.6) Sólo el 36. 6 por ciento del total de las entrevistadas estaban inscritas al Seguro Social. El ingreso mensual promedio de las entrevistadas antes de su despido era igual a $9,237.90; esto conforme a sueldos que van desde los $2,800.00 a los $30,717.00 mensuales. 7) De estas mujeres varias tuvieron que laborar más de ocho horas, “dobletear turnos” para alcanzar las metas de ventas que se les exigían; 8) Se detectó que es una práctica común de las patronas o patrones no registrarlas ante el Seguro social con su sueldo real, por lo que cotizaban con mucho menor salario afectando así sus ingresos al momento de la licencia por maternidad.

En varios de los casos el aviso al empleador del estado de embarazo significo el despido casi inmediato; en otros el hostigamiento laboral para obligar a la empleada a renunciar. Por supuesto las afectadas no se libraron de comentarios como “para que te embarazas” “hubieras programado tu embarazo para tener el parto en vacaciones” “no vas con la imagen de esta empresa”, y otras frases que denotan machismo, menosprecio al estado de embarazo de la empleada, falta total de sensibilidad ante las necesidades de una mujer embarazada y en conclusión violencia de género, discriminación y violaciones a los derechos laborales de las mujeres.

El COPRED logró algunas conciliaciones, en un caso se logró la reinstalación a su trabajo de la peticionaria. Sin embargo en muchas más no se ha logrado una reparación integral del daño causado a las mujeres por la pérdida de su empleo a causa de su embarazo.

El informe es una fuente de información valiosa que vale la pena revisar a fondo para exigir del Estado el respeto y protección efectiva de los derechos laborales de toda la población y de los casos que requieren de especial atención por sus características específicas y situación de mayor vulnerabilidad como las mujeres. Para tener acceso a éste se le puede descargar gratuitamente de internet en la página del COPRED: http://www.copred.gob.mx

[1] COPRED, Informe Especial: Discriminación Laboral hacia la Mujer en la Ciudad de México, despido por embarazo, p.53.

Las personas trabajadoras del hogar: dignidad y derechos

Ana Luisa Nerio Monroy

Área de Análisis e Investigación del Comité de Derechos Humanos Ajusco (29 de marzo de 2015).

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El 30 de marzo se conmemora el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”. Hombres y mujeres dedicados a los trabajos domésticos de manera remunerada suman, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 53 millones de personas en todo el mundo. En nuestro país, 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado y de éstas, el 91 por ciento son mujeres. Aunque reconocemos que hay hombres realizando trabajo doméstico remunerado, son los menos. Por esa razón nos enfocaremos en las trabajadoras del hogar.

  1. Las cifras: 2 millones 11 mil 403 mujeres en nuestro país, son trabajadoras del hogar; solo el 19.53 por ciento de las trabajadoras del hogar se encuentran afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 9 de cada 10 no cuentan con contrato laboral; en promedio las trabajadoras del hogar trabajan 31. 5 horas a la semana. (Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, “30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar).
  2. Las violaciones a sus derechos. Las trabajadoras del hogar se enfrentan a múltiples violaciones a sus derechos humanos: ausencia de contratos, bajos salarios, ausencia de prestaciones sociales, de seguro social y servicios médicos, no hay vacaciones, pensiones y jubilaciones; existe explotación laboral y abusos sexuales.
  3. Discriminación. Por su condición de género, de clase y por su edad las trabajadoras del hogar son objetos de múltiples actos discriminatorios. Hay estigmatización y maltrato en su contra. La Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2010) elaborada por el Conapred señala que 25 de cada 100 personas encuestadas justifica darles de comer las “sobras” de la comida.
  4. Niñas y adolescentes vulnerables: Una de cada diez niñas y adolescentes que trabaja, lo hace como empleada del hogar y de cada 10 empleadas del hogar, ocho tienen entre 5 y 15 años. Por su edad, estas trabajadoras se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor, tema que urge ser atendido.
  5. Cuestión de género: Aunque hay hombres que trabajan en el sector doméstico remunerado, éstos son la minoría. Las labores domésticas que implican la limpieza del hogar, la preparación de alimentos y el cuidado de la familia son tareas tradicionalmente asignadas a las mujeres. Por tratarse de una actividad feminizada, el mercado laboral y el sistema económico capitalista les asignan un menor valor. Al mismo tiempo, es una realidad apenas analizada, el hecho que sean mujeres las que emplean a mujeres para que las empleadoras puedan desarrollarse profesionalmente. Se delega a otras mujeres un trabajo que el sistema patriarcal ha señalado como tarea de la mujer. Esto sin cuestionar la necesidad que existe de que sean hombres y mujeres por igual quienes compartan las tareas del cuidado del hogar y de la familia. Si el trabajo doméstico fuera adecuadamente remunerado y no se le viera como una tarea “menor” habría más hombres trabajando en ello o personas con perfiles educativos más altos ya que se le vería como una labor digna, y que puede complementar un ingreso.
  6. Cuestión de clase: En el sistema económico capitalista, en el que predomina el sistema patriarcal, el trabajo del hogar es trabajo femenino y por lo tanto es remunerado a la baja. Aunado a esto, el trabajo doméstico es poco reconocido y su valor se invisibiliza. Dado que es muy mal pagado, pocas son las personas que lo realizan y las que lo hacen provienen de estratos sociales vulnerables y con una situación económica precaria como mujeres indígenas, migrantes, niñas. México es una sociedad sumamente clasista, por lo que entra más recursos existan es más probable que se contraten los servicios de otras personas a quienes no se ve como trabajadores dignos y con derechos.
  7. Marco legal de protección incompleto. El trabajo del hogar está parcialmente reconocido en la Ley Federal del Trabajo, lo que lo hace un campo mal regulado y que permite violaciones a los derechos laborales. México es uno de los países que no ha firmado el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos.
  8. Retos: 1) Armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales de derechos humanos y en particular ratificar el Convenio 189 de la OIT y modificar la Ley Federal del Trabajo; 2) Diseñar y realizar campañas de información y sensibilización para la población en materia de no discriminación y trato digno a las personas trabajadoras domésticas.

Discriminación hacia las adultas mayores por apariencia: Día Internacional de la Mujer. 

Ana Luisa Nerio Monroy

Área de Análisis e Investigación del Comité de Derechos Humanos Ajusco. 6 de marzo de 2015

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El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha está lejos de ser una fiesta o una ocasión para que las empresas  y medios de comunicación feliciten a las mujeres. Su sentido es la reivindicación de derechos; es el recordatorio de las luchas de muchas mujeres a los largo de la historia por ser tratadas con dignidad, respeto y equidad. Los orígenes de la conmemoración  se ubican en la mayor parte de las referencias más conocidas en una huelga de trabajadoras de la industria textil de la ciudad de Nueva York (EUA) el 8 de marzo de 1908.

Cuenta la historia que las trabajadoras fueron encerradas por el dueño de la fábrica quien prendió fuego a las instalaciones con ellas dentro. Muchas mujeres perdieron la vida en ese fatídico suceso.  Otras fuentes señalan que la conmemoración tiene sus orígenes en la lucha de las mujeres socialistas y que por la Guerra Fría,  la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prefirió no entrar en polémicas y retomó el caso de las trabajadoras textiles. El hecho es que esta conmemoración tiene  sus orígenes en la lucha de las mujeres por sus derechos; por todos sus derechos,  ya sea los laborales (que forman parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) o políticos, como en el caso de las sufragistas de diversas partes del Mundo.

Hablar del Día Internacional de la Mujer nos obliga a reconocer que existen muchos tipos de mujeres: indígenas, con discapacidad, afrodescendientes, migrantes, trabajadoras, campesinas, universitarias, madres, solteras, niñas y un amplio etcétera, etcétera. En esta ocasión, y debido al trabajo del Comité de Derechos Humanos Ajusco (en adelante Comité Ajusco) nos referiremos en particular a las mujeres adultas mayores.

Durante el segundo semestre del 2014, el Comité Ajusco realizó una serie de talleres enfocados a acompañar un proceso informativo para mujeres adultas mayores en materia de derechos humanos y no discriminación. Como parte de las reflexiones de esos talleres pudimos constatar que las mujeres adultas mayores se enfrentan, entre otras violaciones a sus derechos humanos, la discriminación por apariencia.

Por supuesto cuando hablamos de discriminación difícilmente podemos pensar en una variable aislada. En la discriminación suelen convergen distintas causales. En el caso de las mujeres adultas mayores la apariencia está ligada a la edad y muchas veces a la condición de salud y discapacidad. De las reflexiones compartidas por una treintena de mujeres adultas mayores logramos concluir que la discriminación excluye, limita o niega el acceso a derechos humanos y que en su caso, la apariencia y edad generaban discriminaciones en diversos ámbitos.

Por ejemplo, la sobrevaloración que se hace de la juventud y su vinculación directa con la belleza, hace sentir a muchas mujeres adultas mayores discriminadas y excluidas ya que por su edad ya no encajan en los parámetros estéticos de una cultura muy mercantilizada. Por otra parte, su edad y apariencia convierte a las mujeres en un “nicho de mercado” en el cual se les quieren vender toda clase de productos para la salud,  para prolongar la vida, para no tener arrugas, para verse joven y para lucir  bella. La mercadotecnia  y publicidad colocan así a la vejez y al envejecimiento como un problema a solucionar, algo vergonzante, algo para lo que hay que buscar cura o al menos algo que la haga ver “menos feíta”.

En otros casos la publicidad fomenta estereotipos o estigmas respecto a las mujeres mayores. Las ridiculiza y las presenta como mujeres tontas, banales o demasiado quisquillosas, amargadas o inútiles. También está la publicidad que las hace aparecer como abuelitas abnegadas, siempre amorosas y dulces amas de casa y cuidadoras de los nietos; cuando muchas mujeres adultas mayores son trabajadoras, activas, creativas e inquietas que lo último que quieren es encerrase en sus casa a tejer (o sí lo quieren, pero también quieren otras cosas).

Varias de las mujeres con las que compartimos experiencias señalaron que en muchos servicios públicos,  la discriminación y violencia a la que son sometidas es grave. Desde médicos que se niegan a dar tratamientos porque “ya no tiene sentido, ya está usted muy vieja, ya de ésta no sale…” hasta conductores de transporte público que dicen toda clase de improperios a las mujeres adultas mayores por subir o bajar de manera lenta, haciendo referencia a su edad y a su apariencia de “viejita”. Y ni hablar de la esfera de lo familiar incluyendo la vida en pareja. Varias de nuestras compañeras en el taller señalaron que la violencia emocional y psicológica que se presenta por parte de familiares y parejas es algo muy común, y que por supuesto afecta su salud y vida plena.

Sin duda falta un largo trecho para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Es necesario considerar que la tendencia al envejecimiento de la población del país nos obliga a repensarnos como sociedad y a generar las condiciones para que todas las mujeres, sin importar su edad, vivan con dignidad.

Breve revisión de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. -26 de febrero de2015-

Ana Luisa Nerio Monroy.

(Área de análisis e investigación del Comité Derechos Humanos Ajusco)

El presente documento es una revisión muy resumida de la Ley General de Derechos de las niñas, Niños y Adolescentes. Es una mirada amplia sobre la ley que de ninguna manera pretende hacer un análisis exhaustivo sino simplemente brindar un panorama general sobre sus contenidos. Sin duda, cada apartado y algunos artículos en particular requerirán de análisis más profundos, asunto que dejaremos para otra ocasión.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. La Ley se compone de 154 artículos contenidos en 6 títulos.

La ley General parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Esto ya es un avance. Otro avance sustancial es el que toma al principio del interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado.

En sus primeros artículos, la Ley General reconoce y protege el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se investigue y sanciones todo acto de privación de la vida; a disfrutar de una vida plena con dignidad y a no ser utilizados en conflictos armados o violentos. Deben ser atendidos de manera prioritaria frente a los adultos en todos los servicios y en todos los casos se atenderá al interés superior del niño. Tienen derecho a contar con un nombre y apellido, a ser inscritos en el Registro Civil y a que su primera acta sea gratuita, tienen derecho a preservar su identidad e identidad cultural.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia (Art 22), salvo que exista una orden de autoridad competente que señale lo contrario. En caso de ser separados de su familia por una orden judicial, tienen derecho a recibir asesoría y asistencia para quedar bajo el cuidado de su familia extensa y de no ser esto posible, serán ubicados con familias de acogida como medida temporal o en acogimiento residencial por centros de asistencia, el menor tiempo posible (Art 26).

En materia de adopción la Ley contiene varios artículos (27 a 33) para garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados por familias que cumplan con los requerimientos que la ley marque. La adopción se presenta como una opción cuando no hay manera que la niña, niño o adolescente pueda quedar bajo el cuidado de algún familiar.

Destaca que se asigna al Sistema Nacional DIF la obligación de contar con un Sistema de información del registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción, así como el listado de personas solicitantes y adopciones concluidas e informar trimestralmente a la procuraduría de Protección Familiar.

Respecto al derecho a la igualdad sustantiva la Ley (Artículos 36, 37 y 38), señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a al acceso al mismo trato y a que las autoridades garanticen la trasnversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a fin de garantizar igualdad en el acceso y oportunidades a la alimentación, educación y atención médica.

El derecho a no ser discriminado está reconocido en los artículos 39 al 42. Se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser discriminados por ningún motivo. Destaca que la ley mandata que las instancias públicas de los poderes federales y locales así como los órganos constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), o la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, inclusión o acciones afirmativas que realicen, en términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además las autoridades de los distintos ámbitos deberán tomar medidas para eliminar usos y costumbres que atenten contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razones de género.

El artículo 45 es uno de los grandes avances de esta Ley pues mandata que “Las leyes federales y en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años”. Este precepto legal da respuesta a uno de los rezagos más grandes que tenía el Estado Mexicano en materia de derechos de niñas., niños y adolescentes y n materia de equidad de género y prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. El tema había sido inclusive motivo de recomendaciones por parte del Comité de los Derechos del Niño.

En materia del derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal niñas, niños y adolescentes (47) deberán estar protegidos contra el descuido, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de personas, la incitación o coacción a participar en conflictos armados. La ley señala que en toda situación de violencia se deberá tomar en cuenta la perspectiva de género y que en caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad deberán implementarse medidas especiales, aunque no abunda mucho más ello. Además en caso de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas, se aplicará la Ley General de Víctimas (Art 49).

Los artículos 50, 51 y 52 abarcan el derecho a la protección de la salud y seguridad social. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible y a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. Destacan las menciones para la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, la atención médica respetuosa afectiva a éstas durante el embarazo, parto y puerperio y la garantía en el acceso a métodos anticonceptivos. Se prohíbe la esterilización forzada.

En la parte de la nutrición, a pesar del grave problema que de salud pública que es el sobrepeso y obesidad en niñas, niños y adolescentes se le menciona en un solo párrafo. Se señala que hay que combatirla mediante la promoción de una alimentación equilibrada, consumo de agua potable, ejercicio físico y programas de prevención.

Los artículos 53 al 56 abordan el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Se atiende a una las lagunas más importantes en materia de derechos de este grupo de la población pues se mandata el establecimiento de mecanismos para recopilar información y estadística sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad para hacer una adecuada formulación de las políticas públicas.

Se reconoce su derecho a la educación de calidad, con un enfoque de derechos humanos y a la educación sexual y educación en derechos humanos; además del derecho al descanso y esparcimiento (Art 60 y 61) y estarán protegidos contra regímenes de vida, estudio o reglas desproporcionadas para su edad.

El capítulo décimo de este título se refiere al derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamientos, conciencia y religión, (Art 62 y 63), todo ello firma parte de los derechos culturales de las personas, aunque no son nombrados así en la ley, pero lo son sin duda pues reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar de su lengua, su cultura, usos, costumbres, prácticas culturales , religión, recursos y normas específicas de organización y todos los elementos que constituyan su identidad cultural.

Los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información de niñas, niños y adolescentes (Artículos 64-) garantizan el derecho para este grupo de la población a expresar su opinión libremente y a recibir y difundir información. El Artículo 66 señala que deben estar protegidos de los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral. Por supuesto el artículo no abunda sobre qué se entiende por riesgo derivado del acceso a la información, lo que tendrá que clarificarse para evitar interpretaciones que resulten en límites a l derecho a la información.

Respecto al derecho a la participación (artículos 71 al 74), se reconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes, a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Muy importante, el artículo 73 se refiere al derecho de este grupo de la población a ser tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten. Asunto por demás relevante pues va ligado al derecho a la justicia y debido proceso de quienes se encuentran en conflicto con la ley o en casos que involucran violencia familiar, juicios de guarda, custodia y patria potestad o abuso sexual, entre otros.

El derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de sus datos personales (Art 76). Este es uno de los capítulos que ha generado más dudas. La Ley señala que niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de inherencias arbitrarias en su vida privada, domicilio o correspondencia, no de divulgar sus datos personales p cualquier información que atente contra su honra y reputación o menoscabe el principio del interés superior del niño. Esto aplica en especial a los medios de comunicación (Art 77), asimismo los medios de comunicación deberán obtener una autorización escrita del padre o tutor para difundir entrevistas a niñas, niños o adolescentes (Art 78). En este punto se ha señalado que es un ordenamiento excesivo y que limita el derecho a la libertad de expresión. En otro párrafo se señala que no se requerirá consentimiento del padre o tutor para expresar la opinión sobre asuntos que le afecten directamente, siempre que no dañen su honra y reputación, el asunto está en saber quién y cómo se determinará esto. Si bien pudiera parecer que el artículo está más enfocado a salvaguardar la intimidad del niño y a que su imagen o vida privada no sea expuesta de manera innecesaria o en su perjuicio, parece contradecir el derecho a la libertad de expresión que se señala que la niña, niño y adolescente podrá expresar su opinión de manera libre en los asuntos que le conciernen, incluyendo las causas judiciales. La redacción al final da lugar a interpretaciones que pueden generar más confusión y en un momento dado violentar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En materia de derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En casos penales a que se les reconozca como exentos de responsabilidad penal y a que en los casos que aplique, el Ministerio Público de aviso de inmediato a la procuraduría de Protección del Menor competente ante la presunta comisión de un delito cometido por niño o niño.

Las niñas, niños y adolescentes migrantes 89 a 101, son sujetos de medidas especiales de protección para garantizar sus derechos. Un primer aspecto relevante es el que será el DIF quien brindará protección al niños, niña o adolescente en tanto el Instituto Nacional de Migración determina su condición migratoria. El interés superior del niño deberá ser una consideración primordial durante todo el procedimiento administrativo migratorio.

Al DIF se le dan tareas como identificar casos de niños, niñas y adolescentes que tengan la calidad de refugiadas para adoptar medidas de protección especial y notificar al INM. Además el DIF deberá diseñar y administrar la base de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados

El título tercero “De las obligaciones” cuenta con un capítulo único titulado de quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y Adolescentes. Se establecen las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia como los derechos alimentarios, educación, un entorno afectivo, protección contra la violencia o maltrato.

Los centros de asistencia Social están regulados en el título cuarto “De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir con una serie de requisitos entre los que destacan el que deban ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar. Se determina que todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. (Art. 109) y los servicios que presten deberán ofrecer, entre otras cosas: un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; alimentación, vestido, educación, esparcimiento, servicios de calidad y calidez; y fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social.

El título quinto “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” nos dice qué le toca o cuáles son las obligaciones específicas de cada orden de gobierno para el cumplimiento de la política nacional en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello se destaca que las políticas públicas deberán garantizar el ejercicio de derechos y la asignación presupuestal necesaria para ello. Sobre las competencias se establécela obligación de todos los órdenes de gobierno de coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y se desglosan además las competencias de cada ámbito. (Artículo 115).

El artículo 116 señala las obligaciones que de manera concurrente tienen las autoridades federales y locales. Entre estas se encuentra el de impulsar el conocimiento, respeto, promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tema que no es menor debido a la tradición cultural del país en la que un amplio sector del país sigue negando a niñas, niños y adolescentes su calidad de sujetos o titulares de derechos. Las autoridades federales y locales deberán realizar acciones para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Ello implicara entonces que las autoridades pongan especial atención a grupos de población como niñas, niños y adolescentes ubicados en zonas de alta marginación, migrantes, población indígena, con discapacidad, en situación de calle, niños, niñas y adolescentes que viven con VIH/Sida, o que sufren algún tipo de discriminación por su orientación sexual.

En materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad les corresponde establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, atención y rehabilitación y realizar acciones a fin de sensibilización a la sociedad.

También tienen la obligación de implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; y de garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma.

Llama la atención la referencia al derecho al agua potable ya que en la Ley aparece vinculado al derecho a la salud y nutrición y como obligación concurrente éntrelas autoridades federales y locales aparece de manera desvinculada a estos temas. Por otra parte es sin duda importante su reconocimiento en la ley ya que existen muchas comunidades rurales en donde niñas, niños y adolescentes carecen del acceso al agua potable necesaria para su nutrición, salud, higiene y actividades cotidianas. Señalar que el Estado está obligado a respetar y garantizar este derecho es un avance en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las atribuciones de las autoridades federales (Artículo 117), en el ámbito de sus respectivas competencias son el garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los tratados internacionales aplicables; aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley; y las acciones necesarias para mejorar el Sistema Nacional de Protección Integral y del Programa Nacional.

Muy importante, la ley señala la obligación de impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas federales, lo que implica lograr una participación activa y sustancial de la sociedad civil, por lo que habrá que revisar los mecanismos necesarios para que esta participación sea plural, diversa, de calidad y mediante mecanismos transparentes de convocatoria.

Dada la importancia y riesgos para los derechos de niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, la atribución de las autoridades de revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad competente, la autorización para operar estos centros los centros deberá ser de especial atención.

Las autoridades federales también tienen atribuciones para verificar la legal salida o entrada de niñas, niños y adolescentes del país y estatus migratorio de éstos, por conducto del Instituto Nacional de Migración.

En el ámbito local (Artículo 118) las autoridades tienen las atribuciones de instrumentar políticas públicas tomando como referencia el Programa Nacional y realizar su Programa local; coordinarse con el gobierno federal para programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos de niñas, niños y adolescentes y difundir los contenidos de esta ley en los medios de comunicación.

Además deberán elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así como rendir ante el Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre los avances. Algo muy importante para la elaboración de las políticas públicas y la toma de cualquier acción y decisión es que estas autoridades deberán proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema nacional de información, la información necesaria para la elaboración de éstas.

Las autoridades locales deberán además impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas estatales; y recibir sus propuestas y recomendaciones para mejorar los mecanismos de protección de los derechos de este grupo de población.

El ámbito municipal tiene una importancia enorme para el respeto, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes ya que son las autoridades más inmediatas o cercanas, al menos físicamente, a la población. El Artículo 119 señala que, las autoridades tienen atribuciones para elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio, de promoción de su participación, para recibir quejas sobre violaciones a los derechos contenidos en la Ley, así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría Local de Protección. Una de las atribuciones que las autoridades municipales tienen y que podrá tener un gran impacto en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es la de difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen las instancias competentes de la federación y de las entidades federativas. En lo cotidiano, son las autoridades municipales las que tienen el primer contacto con esta población y la aplicación adecuada de protocoles en temas como secuestro, sustracción, robo de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, maltrato, entre otros temas, será fundamental para lograr el respeto de sus derechos.

La segunda sección de este título esta dedica al Sistema Nacional DIF. (Artículo 120) que aunque a lo largo de la ley tiene establecidas obligaciones y atribuciones, se marcan estas como parte de sus tareas centrales. Al DIF le corresponde proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados. Mecanismos como la institucionalización están indicados como último recurso para proteger a este grupo de la población. El DIF además deberá impulsar la cooperación y coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y podrá celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

Las Procuradurías de Protección están contenidas en el capítulo segundo (Artículos 121 al 124). Éstas quedan ubicadas dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, al mismo tiempo las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección. Podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno y deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las Procuradurías de Protección tienen atribuciones para la protección de la infancia y adolescencia se vincula con procesos judiciales y administrativos que involucren a niñas, niños y adolescentes, casos de guarda y custodia, centros de atención social, casos de violencia, conflicto familiar y otros.

En el capítulo tercero se establece la creación del Sistema Nacional de Protección Integral que es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello se le dieron atribuciones amplias en materia de difusión del marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes y para la realización de políticas públicas, incluyendo el Programa Nacional. El SNP estará integrado por el poder ejecutivo y por diferentes secretarías de Estado representados por autoridades del más alto nivel. Contará con una Secretaria Ejecutiva para su operación, así como con la participación de dos representantes de la sociedad civil.

Existirán además Sistemas Locales de Protección tendrán que coadyuvarán en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección y a garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública local; participar en la elaboración del Programa Nacional; y elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; Asimismo se establecerán Sistemas Municipales de Protección (Art 138) .

Sobre el Programa Nacional y de los Programas Locales (Artículo 141) se establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la presente Ley. El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.

El título sexto trata las Infracciones Administrativas (Artículos 146 a 154). Se sancionará a la persona pública que en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables, en términos de las disposiciones correspondientes.

Finalmente, en los artículos transitorios se establecen los plazos para la entrada en vigor, aplicación de la ley, creación de leyes en las entidades federativas (180 días naturales siguientes a su entrada en vigor), la creación del Sistema Nacional de Protección Integral (instalado dentro de los 180 días naturales, posteriores a la publicación del Decreto de publicación de la Ley) y de las Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación de la Ley. (sexto); las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley

El artículo transitorio décimo primero señala que los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la entrada en vigor dela Ley contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

REDIM presenta “La Infancia Cuenta en México 2014″.

18 de febrero de 2015.

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Desde la labor a favor de la promoción, protección, y defensa de los derechos humanos que realiza el Comité de Derechos Humanos Ajusco, deseamos felicitar a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM),  por la presentación de “La Infancia Cuenta en México 2014″ y que va este año por su décima publicación.

Durante la presentación, realizada el pasado 17 de febrero en la Ciudad de México, se destacaron aspectos como la importancia de que se realicen este tipo de investigaciones que con datos y estadísticas basadas en fuentes oficiales, permitan tener una mejor idea de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

Estos datos conforman los 12 indicadores a los que se da seguimiento tanto a nivel federal como en cada entidad federativa para revisar avances y retrocesos en el cumplimiento del Estado respecto a sus obligaciones respecto a los derechos de la infancia y adolescencia mexicana.

En el evento de presentación de la publicación, Juan Martín Pérez, Director de la REDIM indicó que “La Infancia cuenta en México 2014″ es una herramienta para que investigadores, organizaciones civiles, personas servidoras públicas y público en general cuenten con información sobre la situación de la infancia y adolescencia en el país. Es además un instrumento útil para que los tomadores de decisiones, es decir, legisladores y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, puedan diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia del país.

La representante de UNICEF-México, reconoció que la nueva Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos de este grupo de la población. Ricardo Bucio, presidente de Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señaló que existen discriminaciones múltiples que afectan los derechos de la infancia y que prevenirlos y eliminarlos es una tarea importante para el Estado Mexicano.

Alejandra, una adolescente invitada a comentar desde su visión destacó su preocupación por temas como el embarazo en adolescentes y los problemas de nutrición que se observan en la infancia y adolescencia y que van desde la desnutrición hasta el sobrepeso y obesidad.

Como cada año “La Infancia cuenta en México” contribuye a la reflexión sobre los derechos de la infancia mediante un ensayo temático que en esta ocasión está dedicado al Subsistema de Protección Especial.

Este Subsistema (que ya contempla la Ley General de Derechos de la Infancia y Adolescencia) será aquella estructura institucional responsable de atender a los grupos de niñas, niños y adolescentes que requieren de una atención especial en vista de que sus derechos ya han sido violados. Deberá garantizar la protección y restitución de los derechos de, niñas, niños y adolescentes con discapacidad, víctimas de violencia y maltrato en el hogar; migrantes; y víctimas de trata y explotación sexual.

“La Infancia Cuenta en México 2014″ se puede obtener de manera gratuita en internet en la liga http://derechosinfancia.org.mx/documentos/ICM_Digital.pdf

Ana Luisa Nerio (Comité de Derechos Humanos Ajusco)

Visibilizar para actuar: La Agenda Política 2015-2020 de la REDTDT

Colaboración de: Ana Luisa Nerio Monroy.

Área de Análisis e Investigación del Comité de Derechos Humanos Ajusco.

El Comité de Derechos Humanos Ajusco es una de las 75 organizaciones de derechos humanos ubicados en 21 estados de la República Mexicana, que forma parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para y Todas y Todos” (RedTDT). El pasado 2 de septiembre la RedTDT presentó el documento “Ante la Adversidad y la indignación: la construcción colectiva. Agenda Política 2015-2020”. Con esta Agenda se busca visibilizar problemáticas nacionales para poder actuar articuladamente y generar otros escenarios.

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Su metodología se basó en la definición de seis campos de lucha (Tierra y Territorio; Violencia e Inseguridad; Mujeres, Género y Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual-LGBTTI; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales-DESCA; Movilidad Humana y el Derecho a Defender los Derechos y Criminalización de la Protesta Social), en donde se ubican las disputas por el poder político y económico, que derivan en diversas violaciones a los derechos humanos.

La Agenda es un documento de referencia para señalar algunas de las principales preocupaciones y temáticas en las que las organizaciones integrantes de la RedTDT están enfocando sus esfuerzos y en donde realizan trabajo articulado. Cada organización tiene su propia agenda, temáticas y prioridades, sin embargo la Agenda es un punto de encuentro de las inquietudes generales que organizaciones como el Comité de Derechos Humanos Ajusco tenemos en común con otros grupos o colectivos de defensa de los derechos humanos en otras entidades del país.

En ese sentido, compartimos la preocupación expresada en la Agenda, por la manera en que los territorios están siendo explotados por empresas mineras; por el despojo de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de su tierra y territorio para la realización de diversos megaproyectos; por la política de seguridad basada en la militarización y no en el respeto de las personas; por la corrupción y la impunidad; por el contubernio de los gobernantes y autoridades con el crimen organizado que favorece contextos para la desaparición de personas y asesinatos de civiles; por la forma en que se desea imponer una visión discriminatoria contra la población LGBTTTI y contra las mujeres, criminalizando a éstas últimas por ejercer su derecho a decidir sobre su maternidad; por la violencia contra las mujeres cuya máxima expresión se encuentra en los feminicidios; por las violaciones a los derechos al agua, alimentación, educación, vivienda, salud, medio ambiente y los derechos laborales; por las violaciones a los derechos de las personas migrantes en su ingreso, tránsito o retorno a nuestro país; y por la manera en que los gobiernos y autoridades están criminalizando el derecho a la protesta social pacífica y a defender los derechos humanos, generando mecanismos y leyes que resultan una mera simulación.

Coincidimos sin duda en que las reformas estructurales han sido elaboradas sin tomar en cuenta muchas de las observaciones del sector académico y de la sociedad civil; y que en éstas operan intereses económicos que poco o nada tienen que ver con el respeto y protección a los derechos humanos de la población. El modelo económico actual está deshumanizado a nuestra sociedad y profundiza las desigualdades que ya de por sí aquejan a nuestro país.

En el Comité de Derechos Humanos Ajusco, además de compartir esa Agenda, ubicamos con claridad que nuestro trabajo se inserta en ella, no sólo a través de nuestra solidaridad e indignación compartida, sino en temas concretos como nuestra labor de promoción, difusión, incidencia y análisis en materia de los DESCA, en derechos como agua, alimentación, vivienda, desarrollo urbano y servicios.

Por citar algunos ejemplos, desde hace varios años el Comité de Derechos Humanos Ajusco es parte de un grupo de organizaciones que visibiliza la problemática del sobrepeso y obesidad en la población y los impactos que ésto tiene en las políticas públicas de salud (a través de la participación en otra red: la Plataforma Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad ContraPESO).

Trabajamos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres desde la sensibilización y capacitación de grupos de mujeres adultas mayores. Realizamos un trabajo de promoción, difusión y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores y somos parte de las organizaciones que exigen al estado Mexicano la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

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Son muchos los temas y agendas de trabajo que las organizaciones de derechos humanos defendemos. Esta labor, a pesar de los obstáculos y peligros que con frecuencia implica, es lo que nos apasiona y nos compromete para incidir en cambios a favor de la protección integral de todos los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. En el Comité Ajusco nos felicitamos y felicitamos a todas las personas que hicieron posible la creación de la Agenda e invitamos a nuestros lectores y seguidores a consultarla en la página de la Red TDT www.redtdt.org.mx o en Agenda RedTDT.

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