Las organizaciones de la sociedad civil y los derechos de las personas mayores en México

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Participación de María de los Ángeles Fuentes Vera, Comité de Derechos Humanos Ajusco.

Miércoles 21 de junio 12:00 a 12:50 Auditorio 2 Unidad de Posgrado de la UNAM

Organizaciones civiles de derechos humanos.

Desde el Comité de Derechos Humanos Ajusco nos ha tocado presenciar y también participar en la historia de las organizaciones de derechos humanos en México. En sus orígenes a mediados de la década de los ochenta, el comité surgió como una opción de educación popular de derechos humanos, acompañado por los aportes que la Compañía de Jesús traía de sus procesos en Centroamérica.

Una razón para enfocar nuestras labores en la promoción y defensa de los derechos de las personas mayores, ha sido porque ha envejecido la población de nuestras colonias de los Pedregales de Coyoacán. Que los últimos 40 años veníamos impulsando la agenda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en particular el derecho humano al agua, pero que recientemente nos hemos enfrentado a una cotidiana realidad de violencia y despojo hacia personas mayores.

Descubrimos entonces que, a pesar de contar con una alta y creciente población de personas mayores con una problemática en suma compleja, existen en México pocas organizaciones civiles de personas mayores, comparado por ejemplo con organizaciones de la diversidad sexual.

Claro que existen clubes de convivencia, así como colectivos de carácter clientelar, organismos de beneficencia y otros espacios que trabajan con algún aspecto de la vejez, pero que no abordan desde de la óptica de los derechos humanos, mucho menos de las personas mayores, ni con perspectiva de género, solo por mencionar algunas.

Esto tiene que ver con la invisibilización y la violencia sistémica a la que nos enfrentamos. El manejo clientelar de la vejez nos ha hecho personas participativas exclusivamente en lo electoral, por ejemplo el Instituto Electoral del DF recientemente indicó que “las mujeres de entre 60 y 64 años son las más participativas en las urnas, con 61.3%, seguidas de las de 55-59 años, con 57.7%”, pero no necesariamente significa que las personas mayores tengamos incidencia en la política, ni en la toma de decisiones.

En agosto del año pasado publiqué en Animal Político sobre el importante número de personas mayores (17%) en la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y mencioné que “…Tomadores de decisiones que, siendo personas mayores, no asumen esta condición como una identidad, y reproducen una ideología negativa y una práctica política que niega la posibilidad de hacer una reflexión crítica de los prejuicios sobre la vejez y de construir un marco normativo que valore positivamente este periodo de la vida como un espacio de conocimiento, disfrute, intercambio, de utilidad social, comunitario y personal. Particularmente para las mujeres, quienes constituyen la mayoría de las personas mayores en México. Por ello, el objetivo no es que lleguen las personas mayores a espacios de toma de decisión, sino que quienes de hecho están, representen efectivamente una condición que viven y comparten con miles de ciudadanos…”

Las personas mayores somos excluidas en las diferentes tomas de decisiones, desde el ambiente familiar hasta la de la política tradicional. Los estereotipos e imágenes negativas que hay sobre la vejez obstaculizan las posibilidades de visibilidad, valoración positiva y reconocimiento personal y social de esta etapa de la vida a la que se teme llegar. Visibilizar y revalorar la vejez que ocurrirá -u ocurre ya- es indispensable para generar una cultura de reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos como personas mayores.

La interpretación negativa de la vejez en la que se valora la juventud como un sinónimo de productividad, genera maltrato, abuso, despojo, violencias y abandono y, cruzada con otras formas de discriminación como el género, la etnia y la desigualdad, potencializan un grave problema de exclusión social.

A pesar de la alta presencia de personas mayores en la vida política, liderazgos de la sociedad civil, mundo empresarial y otras esferas, es notoria la ausencia de propuestas con una perspectiva de derechos humanos para la vejez, como la reconocida en la “Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores”. En la retórica política únicamente se menciona la continuidad de los programas de pensión alimenticia.

En un ejercicio de autocrítica -y con escasas excepciones que mencionaré posteriormente- es importante señalar que:

– La invisibilizacion de la vejez viene también de parte de las organizaciones,

– no sólo existen pocas organizaciones sobre derechos de personas mayores,

– el tema de vejez y envejecimiento tampoco resulta prioritario para la sociedad civil con un trabajo reconocido.

Hoy por la tarde presentaré la ponencia en este Segundo Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento de la UNAM, donde hago un señalamiento sobre la invisibilización de las personas mayores inclusive desde los aportes de las organizaciones de derechos humanos de nuestro país.

Resulta inconcebible que frente a un contexto, donde un buen número de mujeres defensoras de derechos humanos en México somos mayores de 60 años, y que éste elemento de análisis no sea considerado y ni mencionado en informes, elaborados por organismos internacionales  y nacionales. Mujeres defensoras y periodistas perseguidas y asesinadas son mujeres mayores, pero no adoptamos una mirada transversal de la vejez y de los derechos de las personas mayores en ningún posicionamiento.

Experiencias de redes de trabajo en materia de personas mayores.

La organización que tengo el honor de dirigir el Comité de Derechos Humanos Ajusco, ha sido y es un comité de trabajo de base. Comenzó siendo un colectivo conformado por un herrero, un albañil, estudiantes, amas de casa, comerciantes y sacerdotes jesuitas.

Con el tiempo nos hemos especializado en problemáticas concretas a las que nos enfrentamos cotidianamente. Concientes de que no se puede trabajar de manera aislada, nos hemos articulado en redes para impulsar propuestas en políticas públicas, así como para posicionar temas en la agenda nacional y para crecer en comunidad.

Desde inicios de los noventa hemos sido parte de importantes iniciativas, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” Redtdt, el Espacio Social para el Diálogo Estratégico y la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias.

En recientes años, y concientes de la problemática del alto consumo de azúcar y refrescos y lo que representa en salud pública y en miles de muertes por enfermedades crónicas no hereditarias -otro tema donde pocas organizaciones de la sociedad civil están poniendo atención- participamos en la Plataforma Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad (ContraPESO), donde hemos impulsado importantes iniciativas de ley y observatorios.

Pero, la problemática más apremiante que documentamos tanto en los Pedregales de Coyoacán como en todo el país, es la violencia sistémica y el despojo patrimonial contra las personas mayores.

Más allá de la organización de talleres, conferencias y campañas de difusión, el logro más importante en este rubro ha sido participar en un inusitado colectivo denominado el Comité Intersectorial “México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, somos un “espacio de encuentro plural y propositivo, que desde 2011 hemos trabajado de forma conjunta”.

Bien podría redactarse una tesis doctoral sobre el curso de este Comité intersectorial, que conjunta a:

  • fundaciones de asistencia privada (Alianza de Organizaciones de Adultos Mayores A.C. (REDAM), Fundación de Mano Amiga a Mano Anciana, I.A.P.,  Fundación Héctor Vélez y de la Rosa, I.A.P., Un Granito de Arena I.A.P., Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor, I.A.P.,  Fundación Tagle, I.A.P.),
  • academia (Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México),
  • instituciones gubernamentales (Instituto Nacional de Geriatría, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal,  Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal),
  • organismos autónomos (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos),
  • así como organizaciones civiles encabezadas por personas mayores (16 Redes de Promotores de Derechos Humanos del Distrito Federal A.C., Canas Dignas;, y el Comité de Derechos Humanos Ajusco).

Este colectivo ha generado importantes diagnósticos de la situación de las personas mayores, ha organizado foros y seminarios, también ha redactado documentos que han servido para políticas públicas y también contenidos para la reciente Constitución de la Ciudad de México.

También se han desarrollado procesos en la misma ruta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Vale la pena mencionar también la labor de institutos especializados como el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM.

A pesar de los grandes aportes que se han logrado, principalmente en la corresponsabilidad que se traduce en que instancias gubernamentales participen activamente en estas mesas de trabajo, siguen siendo esfuerzos poco articulados comparados con otras iniciativas. Nuevamente la vejez y el envejecimiento no son temas que llamen la atención de las amplias redes de sociedad civil organizada.

Hay que reconocer que como sociedad civil –salvo escasas excepciones- se desconocen los contenidos de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que México no ha firmado ni ratificado.

La Convención nos debe servir para mirar a largo plazo, porque desafortunadamente nos perdemos en la coyuntura y en la inmediatez. Deberíamos conocer y aplicar el sentido de la Convención, con la población en su conjunto, las organizaciones y los distintos espacios de decisión. De lo contrario, seguirá siendo un proceso de simulación y especulación.

Urgen nuevas organizaciones en todo el país, organizaciones de y para personas mayores, y también organizaciones con alto nivel de profesionalización en vejez y envejecimiento, con carácter intergeneracional, que desarrollen efectivos mecanismos de exigibilidad y protección para personas mayores, pero que también tengan compromiso y sensibilidad.

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