Organizaciones expresan preocupación sobre designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

22 de febrero de 2017

Comisión de Administración y Procuración de Justicia

Asamblea Legislativa del Distrito Federal

P R E S E N T E

Asunto: Propuesta de designación de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

Por este medio las organizaciones y personas firmantes nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación sobre la propuesta de designación y proceso de selección de las personas que ocuparán el cargo de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En razón de la importancia tanto del proceso de selección, como del cargo para el cual el Jefe de Gobierno ha propuesto una lista de candidatos y candidata, misma que Ustedes revisarán en próximos días, consideramos que es indispensable que la selección se apegue a lo establecido en las fracciones l a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establecen los requisitos para aspirar a ser magistrado o magistrada, entre los cuales destaca:

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Asimismo, solicitamos se retome lo expresado en el artículo 35 apartado B numeral 4, de la Constitución de la Ciudad de México, que señala que las ternas deberán estar integradas por las y los aspirantes que hayan cubierto los requisitos y la evaluación que al efecto se lleve a cabo en los términos del apartado E, numeral 11 del mismo artículo que a la letra señala:

  1. El ingreso, formación, permanencia y especialización de la carrera judicial se basará en los resultados del desempeño y el reconocimiento de méritos. Se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.

El apego a lo estipulado por ambas Constituciones, es una obligación para quienes participan en este proceso y constituyen requerimientos fundamentales para garantizar que los nombramientos recaigan en personas que hayan servido “con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

En este sentido, es preocupante que dentro de la propuesta de designación se considere a Carlos Vargas Martínez, a quien el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dictó la resolución del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número CPJF/PA/009/96, con fecha 23 de febrero de 2000, mediante la cual se le inhabilita temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por diez años, resolución que fue ratificada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y quien, pese a dicha inhabilitación, ha estado fungiendo como Oficial Mayor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ahora queda incluido en la lista propuesta por el Jefe de Gobierno para ocupar un puesto de magistrado.

Otro caso es el de Rubén Alberto García Cuevas quien, en octubre de 2002, cuando ocupaba el cargo de Director de Área “C”, adscrito a la Fiscalía Desconcentrada en la Delegación Álvaro Obregón, atropelló a tres personas mientras conducía en estado de ebriedad un vehículo oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Asimismo, exigimos que en este proceso se respete lo establecido en el artículo 35 apartado B numeral 8 de la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México, donde se especifica que “En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, el principio de paridad de género.” Lo anterior debido a que la propuesta de designación realizada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, considera únicamente a una mujer entre 7 contendientes.

Para las organizaciones firmantes es fundamental la promoción de un proceso transparente y público, donde se cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para lograr que cumplan con el perfil idóneo para ejercer tan alta responsabilidad como es la impartición de justicia en nuestra Ciudad, con certificación de su honorabilidad en su trayectoria y experiencia profesional.

Por lo anterior, les solicitamos respetuosamente lo siguiente:

  1. Que las personas propuestas para ser magistrado o magistrada acrediten los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  2. Que en la integración del Poder Judicial se garantice el principio de paridad de género, al igual que en las ternas que se emitan para dicha integración.
  3. Que se asegure que el ingreso y permanencia de magistradas y magistrados se base en los resultados del desempeño y reconocimiento de méritos, así como en la evaluación y vigilancia de su desempeño en los términos previstos en la ley.
  4. Que se cuente con un concurso público de oposición al cargo.

La Asamblea Legislativa se encuentra ante una oportunidad invaluable para refrendar su compromiso con las aspiraciones incorporadas por la Asamblea Constituyente en la nueva Constitución de la Ciudad de México a través de la exigencia de ternas que cumplan con los requisitos que nuestros máximos ordenamientos señalan. Lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México, requiere la existencia de un Poder Judicial objetivo, imparcial, profesional, honrado e independiente.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta.

Organizaciones firmantes

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.; Cauce Ciudadano, A.C.; Spatium Libertas A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir; Red Retoño; ADIVAC – Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C.; Circo Volador, Centro de Arte y Cultura; Acción Social Ririki, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C. y Fundación Y quién habla por mi A.C.

Personas

Lucina Jiménez, Gabriela Delgado Ballesteros, Laura Martínez Rodríguez, Erika Llanos, Carlos Cruz, Nancy Pérez, Héctor Castillo Berthier, Orfe Castillo, Miguel Concha Malo, Loretta Ortiz Ahlf, Roberto Eibenschutz, Ana Laura Magaloni, Magda Coss y María Leoba Castañeda Rivas.

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