Posicionamiento del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México frente a las recientes declaraciones de Segob

LOGO-MOV-X-NUESTROS-DESAPARECIDOS-negro

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2016

  • No hay evidencia que sustente que el 90% de las personas desaparecidas sean encontradas con vida, como aseguró el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación recientemente.
  • Estas declaraciones son una muestra del trato indolente que reciben los familiares de personas desaparecidas y un intento de minimizar la grave crisis de desaparición de personas.
  • Familiares de personas desaparecidas exigen la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el marco de la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares.

El pasado 14 de enero de 2016 la organización Amnistía Internacional publicó su informe “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”. Este informe se suma a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI) a principios del 2015 y a las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita in loco y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, a finales del 2015, en el sentido de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país caracterizada entre otras cosas por la desaparición forzada y la desaparición por particulares, y la falta de respuesta adecuada del Estado, en particular de mecanismos de búsqueda e investigación para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y la falta de atención adecuada a las víctimas.

Los y las familiares de personas desaparecidas que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a los familiares, nos reconocemos en la experiencia de maltrato que reciben los familiares de parte de las autoridades en los casos documentados por Amnistía Internacional y en los obstáculos que enfrentan para la búsqueda y la investigación.

Sin embargo, frente a la evidencia señalada por los organismos internacionales antes mencionados y por nuestro propio testimonio, la Secretaría de Gobernación a través del Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, optó por matar al mensajero una vez más, descalificando el informe como “mal hecho, con el interés de confundir y desinformar”. En este sentido, el Subsecretario Campa afirmó que en la mayoría de los casos de personas que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se trata de personas no localizadas, y no de desapariciones forzadas o a manos de particulares. Además afirma que la mayoría de las personas, más del 90%, son encontradas con vida[1].

En relación a las declaraciones del Subsecretario Campa sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México puntualiza lo siguiente:

  1. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD)[2] al día de hoy registra un total de 27,659 personas desaparecidas, de las cuales 989 corresponden a Averiguaciones Previas en el Fuero Federal, y 26,670 corresponden al Fuero Común.
  2. Del total de desapariciones registradas, 12,848 fueron reportadas a partir del año 2013. Es decir, el 4% se registran durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
  3. El Registro no refiere información estadística que permita conocer cuáles casos corresponden a desaparición forzada, desaparición por particulares u otros delitos, así como desapariciones voluntarias o extravíos.
  4. De acuerdo a estándares internacionales, la desaparición forzada es un delito continuado, por lo que la administración actual no puede dejar de hacerse responsable por desapariciones forzadas que hubieran iniciado en administraciones anteriores, incluyendo aquellas cometidas durante el período conocido como Guerra Sucia y que no aparecen reflejadas en el RNPED.
  5. La información estadística disponible no permite conocer cuántas personas han sido encontradas, en qué condiciones ni cuál ha sido el avance de las investigaciones para determinar si los hechos corresponden a un delito.Tampoco ofrece ninguna información estadística de que se haya encontrado al 90% de las personas con vida.
  6. La Procuraduría General de la República hizo pública una base de datos[3] que refleja un total de 926 Averiguaciones Previas iniciadas por esa institución entre enero de 2014 a junio de 2015 por desaparición de personas, de las cuales 106 casos fueron clasificados como desaparición forzada en los términos del Código Penal Federal, Artículo 215-A. De ese universo, según cifras oficiales, fueron encontradas 73 personas con vida y 14 sin vida, mientras que a 208 ya no se les busca, pero no se especifica por qué razón dejaron de buscar a esas personas. Es decir, el porcentaje de personas encontradas con vida es de 7.8%, lo cual no se acerca ni de lejos al 90% que asegura el Subsecretario Campa.
  7. Según la información anterior, el RNPED debería reflejar al menos 631 personas desaparecidas entre 2014 y 2015 (restando a la cifra de 926 averiguaciones previas, el número de personas encontradas con vida, sin vida, y que la PGR ya no busca). Sin embargo, el RNPED solo contabiliza 393 Averiguaciones Previas del Fuero Federal en este período, por lo que deja fuera al menos 238 casos registrados por la PGR. De tal forma que son las contradicciones en las cifras oficiales las que profundizan la falta de credibilidad y confusión.
  8. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU llamó al Estado mexicano en una de sus recomendaciones prioritarias emitidas en febrero de 2015 a “adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito aberrante”. Además, este registró deberá “incluir información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes estales”. Por esta razón, de ninguna manera el gobierno puede transferir la responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil de generar las estadísticas que ellos han sido incapaces de realizar o acusarlas de buscar desinformar o generar confusión.

A pesar de que nuestro deseo más profundo es que todas las personas desaparecidas sean encontradas con vida, no encontramos ninguna información estadística que sustente las declaraciones del Subsecretario Campa en relación a que el 90% de las personas desaparecidas han sido encontradas con vida. Además de la falta de evidencia que respalde su dicho, los familiares de personas desaparecidas que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México somos testigos de la dolorosa realidad de que nuestros seres queridos no han regresado con nosotros, y de que en la mayoría de los casos, ni siquiera se les busca de manera adecuada, no se investigan los hechos a pesar de la información que aportamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Las declaraciones del funcionario de la Secretaría de Gobernación no hacen más que confirmar el trato de indolente hacia los familiares de personas desaparecidas y se suma al maltrato que recibimos cotidianamente de las autoridades.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y las organizaciones que acompañamos a las familias, expresamos nuestra indignación sobre la banalización de nuestro dolor y el intento de minimizar la crisis de desaparición de personas en México. No es manipulando las cifras ni cerrando los ojos que se resuelve el problema. Frente a esto, exigimos que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares establezca y regule la creación de un Registro Único de Personas Desaparecidas confiable, que cumpla con las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que reconozca la magnitud de la problemática y brinde elementos para la búsqueda de las personas desaparecidas. Además, dicho Registro deberá contar con mecanismos de composición Civil y gubernamental como buena práctica y legitimidad del mismo, es decir, tomar en cuenta los trabajos que comités y organizaciones están realizando en la documentación real de las desapariciones.

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Cauce Ciudadano A.C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Comité Junax Ko´tontik; Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C.; Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Colectivo Colibrí; Colectivo 21 de Mayo; Colectivo El Solecito de Veracruz; Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM; Desaparecidos Justicia, A.C.; Familiares de Orizaba y Córdoba; Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C; Freedom House; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco; Familias de Acapulco en busca de sus Desaparecidos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); ID(H)EAS. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C.; Los Otros Desaparecidos de Iguala; Por Amor a Ellos; Programa de Atención a Víctimas-UAEM; Red Retoño, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Eslabones por los Derechos Humanos Distrito Federal; Red Eslabones por los Derechos Humanos Estado de México; Red  Eslabones por los Derechos Humando de Nuevo León; Red Eslabones por los Derechos Humanos de Veracruz; Taller de Desarrollo Comunitario, A.C.; Unidos por los Desaparecidos de Baja California; Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa de los años 70´s; Voces Unidas por la Vida; Voces Mesoamericanas, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.(SERAPAZ); Zacatecanos por la Paz; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

A título personal: Carlos Ríos Espinosa, Claudia Cruz, Karla Araceli Pérez, Fabiola Pensado Barrera.

[1] Martínez, F. “El informe de AI, mal hecho; sólo busca confundir: Campa”. La jornada, 16 de enero de 2016. Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/politica/007n1pol

[2]Consultado el 4 de febrero de 2016 en:http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php

[3] Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/desaparicion-personas.aspx

Etiquetas: , ,

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: