Coalición Ciudadana por la Prevención Social de la Violencia: ¿Qué sigue tras la salida de Escobar de SEGOB?

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Coalición Ciudadana por la Prevención Social de la Violencia

¿Qué sigue tras la salida de Escobar de SEGOB?

  • La renuncia de Arturo Escobar a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana es un primer paso para revertir la captura del Estado Mexicano por intereses particulares.
  • Reconocemos el trabajo de la FEPADE y la actuación del Fiscal Santiago Nieto, y exigimos la protección a su integridad.
  • La salida de Arturo Escobar no garantiza la mejora de la Subsecretaría de Prevención. Se deben reconsiderar otros nombramientos recientes.
  • La Subsecretaría debe ser ocupada por una persona con experiencia y conocimientos probados en materia de prevención social y participación ciudadana.
  • Convocamos a un diálogo amplio y participativo para redefinir la política de prevención social de las violencias y la delincuencia con visión de largo plazo y atacando las causas estructurales.

Las organizaciones que integramos la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias consideramos que la investigación realizada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre la comisión de delitos en la materia por parte de Arturo Escobar, que ha derivado en la solicitud a un juez federal para que gire una orden de aprehensión en contra del mismo, así como la renuncia de éste a su cargo como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, es un primer y significativo paso en la ruta del desmantelamiento de los sectores mafiosos de la clase política mexicana que han capturado al Estado en beneficio de sus propios intereses; y que tienen en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) uno de sus espacios más representativos.

El tema de las tarjetas Premia Platino, objeto de la probable sanción a Arturo Escobar, no es un caso aislado. Es sólo uno dentro del paquete de asuntos que demuestran que la única regla a seguir por el PVEM es la reiterada y sistemática violación a las leyes y la Constitución. Esto ha sido confirmado por las multas impuestas a ese partido por el INE y el TEPJF, que suman un total de $189 millones en multas firmes y que podrían ascender a $597’471,832.41 de confirmarse los temas que fueron impugnados por el PVEM.

Tan sólo en el proceso electoral de 2015 las violaciones del PVEM reconocidas por el INE y el TEPJF versaron sobre temas tan diversos como: a. la violación al modelo de comunicación política; b. la entrega de beneficios; c. el incumplimiento de medidas cautelares; d. las violaciones en materia de fiscalización; y e. el uso indebido de datos personales y afiliación indebida.

El papel protagónico que Arturo Escobar ha tenido en el PVEM, que ha convertido la violación de la norma en la estrategia político electoral, motivó la protesta de diversas personas, organizaciones y medios de comunicación por el agravio infringido a la sociedad con su nombramiento como Subsecretario a cargo de un programa del Gobierno Federal que promueve la cultura de la legalidad.

Sin embargo, la sola salida de Arturo Escobar de la SEGOB no garantizará el avance y una necesaria revisión participativa del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). Junto con él otras personas sin experiencia en prevención y participación ciudadana han sido incorporadas a cargos estratégicos en la Subsecretaría. Son los casos de Ruth Zavaleta y Eduardo Vázquez Rossainz, cuyos perfiles son contrarios a la misma lógica de la prevención.

De Ruth Zavaleta, quien desde septiembre es Directora General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, preocupa su posible funcionamiento como operadora política del Partido Verde con miras a la búsqueda de votos para el siguiente proceso electoral en los municipios donde opera el PRONAPRED.

Mientras que Eduardo Vázquez Rossainz, quien desde octubre es Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social, tiene una experiencia enfocada en los temas de inteligencia, seguridad nacional y mitigación de riesgos. Dada su formación en programas de estrategias y políticas de defensa, terrorismo y contrainsurgencia, además de las revelaciones escritas en varios medios locales, preocupa la posible utilización de las acciones de prevención para detectar a potenciales delincuentes dentro de los polígonos de actuación del PRONAPRED.

A la luz de lo ocurrido consideramos que es urgente hacer un revisión colectiva y participativa que involucre a autoridades, ciudadanía, organizaciones, académicos y expertos sobre qué y cómo debe ser la política y el programa de prevención social de las violencias y la delincuencia; con un horizonte de largo plazo que considere los aciertos del PRONAPRED y amplié la mirada no sólo hacia acciones de prevención secundaria y terciaria en los polígonos de alto riesgo delictivo, sino que incluya acciones de prevención primaria en todo el territorio nacional.

Si bien en la economía global existen mercados que alientan la producción y distribución de drogas y armas, e incluso la trata de personas y órganos, las violencias que vivimos en México son resultado de factores estructurales. Derivados éstos de un manejo de la economía, la política y la cuestión social que profundizan la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la ausencia de oportunidades para las juventudes y la desatención colectiva de un desarrollo material y emocional digno para la infancia y la adolescencia.

Las políticas reactivas sustentadas en la represión y la criminalización y que empoderan a las fuerzas de seguridad usadas por casi dos décadas, sólo nos han conducido a más violencia, más injusticia, más muertes y mayores violaciones a los derechos humanos de la población.

Las bases a partir de las cuales debe iniciarse un auténtico y diálogo social sobre seguridad y justicia parten  del reconocimiento de la urgente necesidad de desarrollar capacidades personales, familiares, comunitarias e institucionales para enfrentar y revertir las violencias y la delincuencia, así como de la revisión y cambio de las políticas y programas de los gobiernos que por acción u omisión contribuyen a generar entornos violentos.

Requerimos una estrategia de largo plazo que permita que programas, acciones e intervenciones de prevención social en el territorio permanezcan el tiempo necesario para revertir daños estructurales y muestren resultados. Que las intervenciones se realicen en forma integrada y colaborativa entre la población y los distintos actores sociales e institucionales que participan, y que se garantice que los recursos destinados para la prevención no sean objeto de desvíos para beneficios políticos o personales.

Es urgente que el titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana sea una persona íntegra y con la experiencia necesaria para llevar hacia adelante la política de prevención y participación ciudadana, para lo cual es necesario que su perfil sea definido por las siguientes características:

  • Conocimiento teórico y técnico sobre la prevención social de las violencias y la delincuencia;
  • Conocimiento de las OSC y expertos efectivamente dedicados a la prevención social, así como cercanía con las personas que han sido víctimas de violencia;
  • Diálogo con las OSC y prácticas consultivas para la toma de decisiones, probadas en sus responsabilidades públicas anteriores;
  • Conocimiento y experiencia en el servicio público, con capacidad de interlocución con otras instituciones y ámbitos del Gobierno; y
  • Ética pública, compromiso con la transparencia y alto estándar anti-corrupción.

Asimismo, como Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias convocamos a otras organizaciones, actores involucrados en la prevención y agraviados por la decisión del Gobierno Federal de premiar con puestos públicos a integrantes del PVEM a trabajar sobre las siguientes acciones:

  • Proponer un perfil idóneo del titular de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana;
  • Integrar una RED para la vigilancia y mejoramiento de la política en la materia entre las organizaciones que realizan intervenciones en materia de prevención social de las violencias;
  • Monitorear y dar seguimiento sobre el riesgo de desmantelamiento de la institucionalidad pública en la materia;
  • Monitorear y dar seguimiento al PRONAPRED y otros programas que convergen en la política nacional de prevención social de las violencias y la delincuencia; y
  • Participar y dar seguimiento al nombramiento de otros servidores públicos en materia de seguridad, prevención y justicia.

Ahora que la consignación de Escobar está en manos de la instancia jurisdiccional, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento pugnamos por la pronta resolución del caso en un marco de absoluta libertad, independencia, imparcialidad y apego irrestricto a la ley; abogando por la autonomía del Poder Judicial de la Federación para que en pleno uso de sus atribuciones garantice junto a la PGR el debido proceso, diligencia y respeto a los derechos humanos de Arturo Escobar.

Reconocemos el trabajo desempeñado por la FEPADE y el Fiscal Santiago Nieto, al tiempo que reprobamos los intentos por desprestigiar su labor aludiendo a presuntas filtraciones de información y la supuesta violación a la presunción de inocencia de Escobar. Recordemos que este tema salió a la luz por la difusión que hicieron los propios denunciantes: Javier Corral (PAN) y Julisa Mejía Guardado (PRD).

Reiteramos nuestra exigencia de procurar la integridad física, intelectual, patrimonial del Fiscal Santiago Nieto; así como la de las organizaciones y personas que integran esta Coalición.

Este llamamiento a la comunidad científica, artística, cultural y deportiva es un llamado a no dejar solo a un fiscal que se la juega por la democracia y contra la corrupción, y a una sociedad civil organizada que se atreve y se seguirá atreviendo. Les invitamos a no dejarnos solos; a que su solidaridad se traduzca en reciprocidad, en un acompañamiento, un respaldo y un monitoreo constante de las acciones emprendidas tanto por las autoridades como por la ciudadanía.

Es el momento de hacer comunidad, sumar a todas y todos aquellos que sienten indignación y que buscan transformarla en justicia. Que la concreción de este hecho signifique un paso adelante para quebrar la impunidad, la ilegalidad y la corrupción que existe en nuestro México.

Finalmente les invitamos a leer, firmar y compartir la petición que aparecen en la plataforma change.org titulada ¡Juicio a Arturo Escobar por delitos electorales!

(www.change.org/arturoescobar).

24-0 México 24 horas sin violencia A. C.; Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia A. C.; Afluentes SC; Alianza por los Derechos de la Mujer en el Estado de México; Asociación Mexicana de Comunicación para la Igualdad (AMCI); ADIVAC Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A. C.; Católicas por el Derecho a Decidir A. C.; Cauce Ciudadano, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C.; Circo Volador, A.C.; Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. (ConArte México); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C.; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C.; Mujeres, Democracia y Ciudadanía A. C.; Organización Popular Independiente A. C.; México Unido Contra la Delincuencia, A.C.; Proyecto Teatro Ensamble; RIRIKI, Intervención Social, S.C.; Sin Fronteras I. A. P.; Sociedad Cultural Miguel Hidalgo A. C.; Spatium Libertas A. C.; Red Cívica Veracruzana RECIVE; Comunidad Teológica de México/Instituto Internacional de Estudios Superiores; Comité de Derechos Humanos Ajusco.

Contacto:

Ivan Gómez Elizondo

igomez@incidesocial.org

55 90 87 54 y 55 79 74 13

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