ADIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC: “Derechos de la Infancia”.

26 marzo 2015

INVITACIÓN DERECHOS INFANCIA

Boletín de prensa: sentencia de la SCJN ante el caso de Mariana Lima

26 marzo 2015

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Boletín de prensa

Ante un contexto de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio reconoce que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su postura garantista y protectora al votar unánimemente a favor del amparo interpuesto por Irinea Buendia, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México. Su decisión reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres en México y específicamente en el Estado de México.

De acuerdo a la SCJN el caso de Mariana es un ejemplo que pone en evidencia las irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, situación que ha sido denunciada por el OCNF desde 2010, como un patrón común en el Estado de México.

Esta resolución es de trascendencia porque penaliza el actuar discriminatorio de las procuradurías frente a la violencia contra las mujeres y su actuar negligente y deliberado, al negar la justicia a las mujeres víctimas de Femincidio.

Se destaca también el pronunciamiento que hace la Corte al plantear criterios específicos sobre las actuaciones que deben realizar obligatoriamente los órganos de procuración de justicia ante las muertes violentas de mujeres.

La reciente sentencia sienta un precedente a nivel nacional sobre el tipo de actuaciones que las autoridades deben de realizar en todas las investigaciones de muertes violentas de mujeres y feminicidios.

Finalmente el OCNF considera que esta resolución contribuirá en la lucha de las victimas por romper el patrón de impunidad y discriminación al que se enfrentan ante la búsqueda de justicia.

Lee la sentencia completa aquí. 

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL): “Prevalecen malas condiciones laborales en la Industria electrónica de México”.

26 marzo 2015

Salarios cada vez más pequeños, mayores exigencias de producción, accidentes laborales, acoso sexual y sindicatos que no los defienden, son algunas de las situaciones adversas que cada día deben enfrentar los trabajadores de la industria electrónica de México. Al cumplirse 20 años del llamado boom de la industria electrónica, el cual significó la llegada de alrededor de 200 empresas extranjeras de ese sector a México, las condiciones de sus casi 600,000 trabajadores no han mejorado, por el contrario, en algunos aspectos esas condiciones incluso han empeorado.

El sexto informe del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) sobre condiciones laborales en la industria electrónica de México incluye datos y casos que revelan la inestabilidad laboral, el maltrato a las mujeres, la reducción del salario y la indefensión legal que padecen los trabajadores de ese sector en ciudades como Guadalajara, Mexicali, Tijuana y Reynosa.

Bajos salarios
De acuerdo con los datos del CEREAL, extraídos de las aproximadamente 2,000 asesorías legales que la institución otorga cada año, en 1995 el salario promedio de un operario de producción de la industria electrónica de México era de 120 pesos diarios, el cual se redujo a 112 pesos diarios en 2014. Esa reducción representa una baja del 6.6% en términos brutos, es decir, sin considerar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación. La reducción más drástica de ese salario se experimentó durante los últimos dos años, cuando pasó de 116 a 112 pesos al día. Según cálculos del CEREAL, ese salario apenas alcanza para cubrir el 60% de las necesidades básicas de una familia promedio de un trabajador.

Acoso sexual
Aproximadamente el 70% de los operarios de producción que laboran en la industria electrónica instalada en México son mujeres, las cuales enfrentan cotidianamente actos de acoso sexual, principalmente de parte de sus superiores. Comúnmente el acoso ocurre cuando los jefes inmediatos de las trabajadoras condicionan el otorgamiento de ascensos, permisos o días de vacaciones a cambio de algún favor sexual. La situación resulta más preocupante si se considera que cerca del 90% de los jefes inmediatos de las trabajadoras (supervisores, jefes de línea, ingenieros, gerentes) son hombres.

Accidentes laborales
Durante 2014 un número creciente de accidentes protagonizados por autobuses de personal que transportan a los trabajadores de la industria electrónica, pusieron al descubierto las difíciles condiciones bajo las que laboran los conductores de esos autobuses. Jornadas de entre 12 y 16 horas con periodos muy cortos para dormir y trayectos excesivamente largos provocan en los conductores un alto nivel de cansancio y stress que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y la de los propios conductores.

Sindicatos corruptos
Prácticamente todos los trabajadores de la industria electrónica pertenecen a un sindicato, pero ninguno de ellos lo sabe. Los acuerdos entre los sindicatos y las empresas para afiliar a los trabajadores se llevaron a cabo hace más de 20 años, incluso antes de que se contratara a los trabajadores, y hasta hoy se mantienen prácticamente sin cambios. Tales acuerdos son conocidos ampliamente en México como “contratos de protección” y su finalidad es controlar a los trabajadores para impedir que exijan el respeto de sus derechos y que formen sindicatos auténticos. Dicha práctica ha sido señalada por organismos internacionales, entre los que se encuentra la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como una forma de violar el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación.

Después de dos décadas de la presencia de la industria electrónica en México, los trabajadores de ese sector enfrentan una difícil perspectiva hacia el futuro debido a la gradual precarización de sus fuentes de empleo. Además de México, en otros países también han sido reportadas malas condiciones laborales, lo que ha provocado la movilización de distintas organizaciones. El próximo 23 de marzo, un colectivo de organizaciones internacionales lanzará un desafío a la industria electrónica para tratar de que se mejoren las condiciones laborales de millones de trabajadores de ese sector en todo el mundo.

Revisa aquí el informe completo.

Para mayor información: Jorge Barajas
(33) 36148095
jbarajas@iteso.mx

Reconoce juez que Ley de movilidad favorece actos de criminalización de la protesta.

26 marzo 2015

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• La resolución judicial establece que no se puede detener a una persona o grupo por acudir a manifestaciones y obliga a las autoridades a evitar la criminalización de la protesta.
• El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social seguirá defendiendo en las instancias judiciales el derecho a la Libertad de Expresión y a la Protesta Social.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa determinó la inconstitucionalidad de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. La resolución sienta un precedente histórico en la protección de la protesta social al señalar que las autoridades deben abstenerse “de acusar por delitos penales o de otro tipo a los quejosos por el simple hecho de manifestarse”, y que no es permitida la detención de manifestantes “por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad, por el simple hecho de manifestarse”, lo que representa un estándar novedoso y único en la protección del derecho de manifestación pública. Se señala que el uso de la fuerza pública es excepcional y bajo ninguna circunstancia puede darse bajo criterios ambiguos como la aplicación de “medidas necesarias” tal como lo establece la Ley, puesto que se genera arbitrariedad.

La sentencia reconoce el interés legítimo de un grupo de jóvenes y estudiantes pertenecientes al Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) y a personas que formaron parte del Movimiento #YoSoy132, quienes reivindicaron su carácter como defensores y defensoras de derechos humanos, afirmando que el ejercicio de las libertades de expresión y asociación constituye en un mecanismo de vigilancia y denuncia de violaciones a derechos humanos. El fallo establece además, que, por el valor que tiene la libertad de expresión como fundamento de las sociedades democráticas, cualquier ley que la regule o condicione, permite a todas las personas acudir al juicio de amparo sin un acto de aplicación.

El fallo establece la presunción de legitimidad de toda manifestación, por ello declara inconstitucional la obligación de dar aviso por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública del DF de una manifestación con “fin perfectamente lícito”, ya que esa disposición presupone ilegalidad de las manifestaciones. Por otra parte, al reconocer que el espacio público es un lugar de participación que no se limita a un uso como la circulación de vehículos, establece que debe permitir el uso de vías primarias de circulación.

La resolución se suma a otros siete amparos concedidos en noviembre de 2014 y enero de 2015, que han beneficiado a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y personas del medio académico, procesos judiciales que han sido acompañados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

Es importante señalar que la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad no está condicionada a un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que los jueces de amparo pueden declararla en casos concretos, como ha sucedido con estas resoluciones; mientas que la Suprema Corte resolverá dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal.

Aunque la ciudadanía únicamente cuenta con el recurso de amparo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social buscará tomar parte en el debate de la Suprema Corte para que la ciudadanía sea tomada en cuenta, y que la resolución del Máximo Tribunal se rija por los más altos estándares de protección de los derechos humanos.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Conformado por

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

CEMDA: POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA REFORMA ENERGÉTICA.

23 marzo 2015

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Resumen ejecutivo

El sector energético en México sigue privilegiando el uso de combustibles fósiles, a pesar de las implicaciones ambientales y conflictos socio ambientales que lo anterior pudiera llegar a representar.

La reforma energética Constitucional y su legislación secundaria no incorporan de manera transversal aspectos fundamentales como los derechos humanos, el cambio climático, las energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades ambientales y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las actividades energéticas. Asimismo tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación y uso de la energía.

Mediante su implementación, se corre el riesgo de que se provoquen daños, menoscabos y perjuicios a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte.

Energías Renovables y Transición Energética

Desde 2008, se ha pretendido diversificar la matriz energética con la participación de fuentes renovables de energía sin resultados satisfactorios. A pesar de que se asumió el objetivo de reducir la dependencia a los combustibles fósiles con la aprobación de la Ley sobre el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), éste no fue acompañado de los incentivos y políticas suficientes para la reducción de los hidrocarburos en la matriz energética.

En este sentido, la reforma energética deja pendiente el cumplimiento de las metas de transición energética y de las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), necesarias para un crecimiento económico bajo en carbono. Hasta la fecha, las leyes secundarias de la reforma siguen favoreciendo la participación de los hidrocarburos en la matriz energética nacional, desaprovechando el diverso potencial de energías renovables con el que cuenta México.

La promulgación de la Ley de Energía Geotérmica representa un avance importante, pero insuficiente, ya que se dejaron de lado las demás fuentes energéticas con las que el país cuenta, además de que dicha ley no incluye metas de generación. Por ello, resulta importante la aprobación de la Ley de Transición Energética (LTE), actualmente discutida en el Congreso, con el fin de incrementar de manera significativa la participación de fuentes renovables de energía en la matriz energética, con metas de generación a partir de energías limpias y de eficiencia energética, ligadas a las metas de reducción de emisiones y fomento a la generación distribuida de la energía. De igual manera, la LTE establece umbrales de aprovechamiento calorífico para la cogeneración y umbrales de emisión de CO2 para la definición de nuevas energías limpias no establecidas explícitamente en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), lo que abona a corregir el riesgoso concepto de “energías limpias” vigente.

Cambio Climático

Al mantener la prioridad y alta dependencia de los hidrocarburos en México, la reforma energética no es coherente con la política climática nacional, ya que no atiende las necesidades y los compromisos nacionales e internacionales de México en materia de reducción de emisiones de GEI. En 2010, el sector energético generó el 67.3% de las emisiones del país causantes del cambio climático, y con la reforma aprobada se generará un aumento de las emisiones de GEI debido a la explotación de hidrocarburos.
De seguir con el escenario actual se calcula que en 2020 las emisiones nacionales de GEI serán un 28% más altas en comparación a las de 2010. Por ello, una reforma energética sustentable debe sentar las bases para una transición energética y una diversificación de la mezcla energética que nos permita cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones GEI.

Declaratoria de Utilidad Pública

El marco legal recién aprobado establece, en materia de hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, que las actividades del sector energético son de utilidad pública y que debido a su carácter estratégico se consideran de orden público y de interés social, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

Lo anterior implica una falta de proporcionalidad, pues no se establece ninguna regla para que las autoridades puedan determinar la viabilidad de las actividades atendiendo al contexto específico de cada caso ni una ponderación para establecer caso por caso cuál debe ser la actividad prioritaria.

Los impactos de estas disposiciones pueden provocar daños, menoscabos y perjuicios a los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, entre los que se incluyen la violación al derecho a un medio ambiente sano, derecho humano al agua, derechos de las comunidades y pueblos indígenas, derechos de propiedad, de trabajo, de alimentación, derechos de acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia, y los principios de no regresividad en materia de Derechos Humanos.

Es imprescindible que el Estado Mexicano establezca reglas claras para la implementación y reglamentación de estas leyes y proyectos energéticos que aseguren los máximos estándares de transparencia, participación, rendición de cuentas y respeto a los Derechos Humanos.

Servidumbre legal y ocupación temporal

La reforma energética ignora el hecho de que en el establecimiento de servidumbres legales debe llegarse a un equilibrio entre el interés privado y la utilidad pública, toda vez que prevalece la supuesta utilidad pública de las actividades realizadas por asignatarios y contratistas del sector energético (que además pueden ser empresas privadas, nacionales o internacionales), sobre la propiedad privada (sea esta individual, colectiva o ejidal), supuesto que sólo podría suceder en casos de expropiación.
En este sentido, el alcance de las servidumbres legales previstas en la reforma energética es equiparable a la de una expropiación, ya que se restringe el derecho de propiedad a los poseedores y propietarios y no hay opción de negarse a ceder o limitar su derecho.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)

Las ANP son instrumentos de política ambiental que contribuyen al cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano así como a la debida protección y conservación de la biodiversidad.
Si bien la Ley de Hidrocarburos prohíbe otorgar asignaciones o contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en ANPs, esta prohibición no se extiende ni a la LIE ni a la Ley de Energía Geotérmica (LEG), y aún se pueden llevar a cabo otras actividades de la cadena productiva de hidrocarburos en las zonas, como el almacenamiento, transporte y distribución.

Asimismo, existen otras áreas de importancia ecológica con protección especial por las leyes ambientales, como los sitios Ramsar, los cuales no son objeto de protección dentro de la reforma energética.

Comunidades y Pueblos Indígenas

Las leyes secundarias tienen el potencial de afectar los recursos, territorios y derechos en general de las comunidades y pueblos indígenas. Contrario a lo esperado, éstos no fueron consultados durante el diseño, elaboración y posterior aprobación de la reforma energética. Aunado a lo anterior, las leyes no reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales, ni el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y de buena fe.

Con la reforma energética, los derechos de los pueblos indígenas de propiedad, posesión y acceso preferente a los recursos naturales se pudieran ver seriamente afectados, por lo que resulta indispensable que el Estado mexicano actúe para salvaguardarlos, aplicando las disposiciones del Convenio 169 de la OIT.
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ASEA)

La ley de la ASEA genera un régimen especial y de excepción en materia de hidrocarburos, ya que entre sus atribuciones se encuentra el regular, supervisar y sancionar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente en todas las actividades del sector hidrocarburos. Ello implica que tiene facultades de aportar y emitir normativas que regulen las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos, lo que puede ocasionar la aplicación de estándares normativos distintos para los mismos supuestos previstos en la LGEEPA.

La existencia de facultades concurrentes entre la ASEA y otras dependencias implica un debilitamiento del sector ambiental en México. Por ejemplo, la ley de la ASEA establece que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuentan las unidades administrativas de las dependencias y entidades relacionadas con estas funciones, pasarán a la ASEA con el fin de apoyar el cumplimiento de su objetivo.

Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia
La legislación secundaria no contiene términos ni mecanismos de participación social, transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte, el nuevo marco energético no establece mecanismos de solución de conflictos y acceso a la justicia, o algún tipo de denuncia popular como la que contempla la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ni sanciones por incumplimiento. En particular, el art. 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que los actos y omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se pueden impugnar solo por vía de amparo indirecto y no pueden ser objeto de suspensión, en contradicción con la Ley de Amparo que prevé la suspensión de plano, provisional o definitiva cuando los actos y omisiones pueden causar violaciones a los derechos humanos de manera irreparable. De esa forma se limita el acceso a la justicia de los ciudadanos.

Lee documento completo aquí: http://www.cemda.org.mx/posibles-impactos/

OSC´S PIDEN A CIDH INCLUIR IMPACTOS DE REFORMA ENERGÉTICA EN SU INFORME DE PUEBLOS INDÍGENAS

23 marzo 2015
  • Necesario y urgente visita de la CIDH a México para actualizar informe país y documentar graves violaciones a derechos derivados de proyectos energéticos.
  • Es importante que la CIDH exhorte al Estado mexicano que realice consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos acorde a los más altos estándares internacionales

Washington, DC. a 20 de marzo de 2015. En el contexto del 154 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar-Centro de Análisis e Investigación, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. y Greenpeace informaron a las y los Comisionados sobre las graves afectaciones que la reforma energética implica a los derechos económicos, sociales y culturales en México.

En su intervención representantes de dichas organizaciones reconocieron la apertura de la CIDH para este espacio de diálogo que reconoce que la política energética guarda una estrecha relación con la garantía de los derechos humanos. Destacaron que es la primera vez que un espacio público se abre para que la sociedad pueda presentar sus consideraciones pues ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han posicionado al respecto.

Señalaron que la reforma energética es una reforma de gran calado que prioriza y facilita proyectos energéticos que son violatorios de derechos humanos. La presentación, discusión y aprobación de la reforma en tiempo récord; no garantizar el derecho de acceso a la información; transgredir el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas; así como afectar el derecho a la participación ciudadana como consecuencia de la negativa de la SCJN de someter a consulta popular la reforma constitucional en materia energética, fueron numerados como vulneraciones de derechos.

Destacaron que dentro de los impactos de la reforma energética se encuentra la reducción de los ingresos del Estado ya que con la entrada de empresas privadas al sector petrolero mexicano, éstas recibirán parte de las utilidades que antes correspondían al Estado. “Esto es aún más grave si tenemos en cuenta que en las leyes de la reforma no se establece tan siquiera un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de sus recursos petroleros y gasíferos” apuntó Aroa de la Fuente de Fundar y representante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Al respecto concretamente manifestó que el fracking supone violaciones al derecho al medio ambiente sano, por la contaminación ambiental; al derecho humano al agua y al saneamiento por la afectación a la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la asequibilidad del agua; al derecho a la salud por la exposición a la mezcla de químicos del líquido de fracturación y de los propios hidrocarburos extraídos; al derecho a la alimentación adecuada, por el acaparamiento de amplias extensiones de terreno para los campos de perforación y almacenamiento, y la contaminación de tierras de cultivo y pastura; al derecho a una vivienda adecuada, porque se compromete la seguridad física de las viviendas frente a los sismos y accidentes, disminuyen sus condiciones de habitabilidad por la contaminación, y se afecta su acceso a servicios como el de agua potable.

Ejemplificó la magnitud de estas afectaciones, señalando que para la Ronda Cero (R0), Pemex ha definido la asignación a su favor de casi 4 millones 800 mil hectáreas, distribuida en 142 municipios, de 11 estados. Sobresale Veracruz, seguido por Tabasco. 13 pueblos indígenas tienen comprometido su territorio. En primer lugar el pueblo Chontal de Tabasco, con el 85% de su territorio ocupado, seguido del pueblo Totonaca (38%) y Popoluca (31%).

Para la Ronda Uno (R1), manifestó, que se abrirá a la inversión privada los recursos de hidrocarburos a través de licitaciones y contratos, en un total de 68 municipios y 8 estados, por un total de 1.1 millones de hectáreas, principalmente en Veracruz, seguido de Coahuila y Puebla. Son cinco los pueblos indígenas que tienen ocupada una porción de su territorio.

“A las comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México”, señaló Stephanie Erin Bower.

Durante la Audiencia se expuso la situación sobre la Consulta a la comunidad indígena zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, para la implementación de un parque de generación de energía eólica. Esta consulta es particularmente significativa por ser la primera vez que los tres niveles de gobierno se coordinan para el desarrollo de un proceso de consulta, el cual se basa en un protocolo de implementación elaborado por diversas instancias gubernamentales.

“Las agresiones, amenazas e intimidaciones hacia miembros de la comunidad y autoridades, la falta de mecanismos claros de toma de decisiones, los permisos y contratos previamente acordados, y la falta de transparencia, entre varios otros vicios que se han documentado, resultan violatorios de la jurisprudencia interamericana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en riesgo el resultado que se tenga de la consulta” concluyó en su intervención Dante Emmanuel.

El Comisionado Paulo Vannuchi de la CIDH pregunto si las violaciones a derechos humanos denunciadas en la Audiencia sobre la reforma energética son “futuras” o presentes, las OSC claramente ya habían señalado violaciones en el proceso mismo de aprobación de reforma constitucional y expedición de leyes secundarias sin información, participación ni consulta, detallando además las disposiciones legales que son contrarias a la garantía de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y otras, incluyendo los mecanismos establecidos para la determinación de la servidumbre legal y ocupación temporal de los territorios. Adicionalmente a todas las violaciones que se prevén en materia de derecho al medio ambiente sano y otros derechos económicos, sociales y culturales por los proyectos que favorece la reforma. En su réplica, las OSC destacaron que la reforma no da margen para que se ejerza el derecho al consentimiento previo, libre e informando, contraviniendo la jurisprudencia interamericana, porque si los titulares de las tierras no quieren aceptar el proyecto y no hay acuerdo desde la “negociación inicial”, las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica disponen la imposición de una mediación que debe llegar a “acuerdo” o bien la servidumbre legal por vía judicial o administrativa. El gobierno mexicano no respondió a estos y otros cuestionamientos.

Al finalizar la audiencia las organizaciones expusieron sus petitorios a la CIDH y al Estado mexicano los cuales se exponen íntegros a continuación:

  • Que la información rendida y en particular los impactos de la reforma energética en México en perjuicio de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades sean incluidos por la CIDH en su informe de pueblos indígenas e industrias extractivas que está en curso.
  • Que realice una visita in loco urgente a México para actualizar su informe de país que data de 1996, y particularmente visite comunidades y documente las graves violaciones a los derechos colectivos indígenas que con motivo de proyectos extractivos se han generado en México.
  • Que exhorte al Estado mexicano a la realización de la consulta libre, previa e informada para la implementación de proyectos energéticos o cambios legislativos y administrativos en el que puedan verse afectados los derechos de los pueblos indígenas acorde a los más altos estándares internacionales como lo marca el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia interamericana. Particularmente por cuanto hace a los proyectos Eólicos del pueblo indígena zapoteco de Juchitán, Estado de Oaxaca, México, exprese su preocupación por las deficiencias en la consulta en el informe que emita sobre este periodo de sesiones, tomando en cuenta que este caso será el modelo a seguir en todas las futuras consultas.
  • Que exhorte al Estado a prohibir el fracking, por constituir una forma de extractivismo que menoscaba el derecho a la tierra y territorio de los pueblos y comunidades, así como el derecho al medio ambiente sano.
  • Que exhorte al Estado para asegurar el acceso a un recurso idóneo y efectivo en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención, al cual puedan acudir los pueblos y comunidades, para hacer valer sus derechos. Particularmente se asegure en materia de amparo el derecho a la suspensión provisional de las determinaciones de la Comisión de Hidrocarburos en tanto se determina de fondo si su actuar es apegado o no a los derechos fundamentales.
  • Que en ejercicio de sus facultades, solicite a la Corte IDH la correspondiente opinión consultiva para efectos de analizar si la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera son acordes con los derechos humanos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y con los estándares desarrollados por la jurisprudencia del sistema en la materia.

Al Estado Mexicano:

  • Que evite emitir concesiones, permisos y/o asignaciones sobre proyectos de industria extractiva sin previamente consultar libre e informadamente a los pueblos y comunidades que podrían ser afectados.
  • Que evite la aplicación de los supuestos mecanismos de consulta contenidos en los artículos 120 de la Ley de Hidrocarburos y 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, por ser en realidad mecanismos de imposición de proyectos y en cambio implemente procedimientos de consulta acordados con los pueblos y comunidades que estén sustentados en los estándares del Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia interamericana, de tal forma que se asegure que sean de buena fe y conforme a los procedimientos e instituciones tradicionales indígenas.

Alianza Mexicana contra el Fracking / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Equipo Pueblo AC / Fundar-Centro de Análisis e Investigación / Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. / Greenpeace México Estado de México / Prodesc

OSC´s: ¡NO! a la Ley General de Aguas.

19 marzo 2015

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CONAPRED: “Percepciones sobre el trabajo doméstico: una visión desde las trabajadoras del hogar y las empleadoras”

19 marzo 2015

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El Comité DH Ajusco es parte de la Coalición ContraPESO.

19 marzo 2015

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“Carmen Aristegui debe seguir en MVS” desplegado publicado en La Jornada, 16 de marzo de 2015.

17 marzo 2015

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