Imágenes de la Reunión de trabajo hacia la Constituyente Ciudadana Popular. STUNAM 23 Mayo 2015.

24 mayo 2015

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Presentación de Protocolos de prevención del riesgo en el ejercicio de la libertad de expresión.

24 mayo 2015

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“Alcances y Retos de la Participación de la Sociedad Civil en los Programas de Derechos Humanos”.

21 mayo 2015
En el marco del 3er aniversario de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, se realizará el conversatorio denominado “Alcances y Retos de la Participación de la Sociedad Civil en los Programas de Derechos Humanos”, este próximo martes 26 de mayo, de 10:30 a 13:00 hrs., en el Aulta Amado Aguirre Eguiarte (Edificio E, 1er Piso), de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe.

conversatorio ALCANCES Y RETOS-01-01

Imágenes de la sesión sobre la Constituyente Ciudadana Popular.

9 mayo 2015

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IV Marcha de la Dignidad Nacional

4 mayo 2015

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Hacia la Constituyente Ciudadana Popular.

4 mayo 2015

ccp

Imágenes de la 1a Asamblea Nacional hacia la Nueva Constituyente Ciudadana Popular.

3 mayo 2015

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Centro Vitoria: Comunicado de organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos en relación a la Reforma Política del D.F.

30 abril 2015

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Comunicado de organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos en relación a la Reforma Política del D.F.

Ciudad de México, a 30 de abril de 2015

A la sociedad civil de la Ciudad de México:
A las y los miembros del Congreso de la Unión:
A los medios de comunicación:

El pasado 28 de abril el pleno del Senado aprobó con 88 votos las reformas constitucionales que abren paso a la Reforma Política del Distrito Federal. Los cambios constitucionales a favor del reconocimiento de derechos plenos para las y los habitantes de la Ciudad, el mayor grado de autonomía y la elaboración de una Constitución local, forman parte de una larga historia de demandas ciudadanas por la democracia en la Capital del país.

Consideramos que la plena autonomía de nuestra Ciudad, así como la realización de una Asamblea Constituyente, no son concesiones de los poderes federales, sino conquistas ciudadanas que forman parte de una larga tradición de lucha democrática a favor del ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente en lo relativo al derecho a una Ciudad democrática, respetuosa de los derechos humanos, sostenible, socialmente incluyente, y ampliamente participativa.

En este sentido consideramos inaceptable el método de integración de la Asamblea Constituyente aprobado por el Senado de la República, en lo relativo a la designación de diputados y diputadas constituyentes. Es contrario a cualquier noción democrática que el 40 por ciento de las y los constituyentes sean elegidos por designaciones del poder ejecutivo o legislativo federal. Siguiendo el mandato del artículo 39 de la Constitución, la soberanía popular emana del pueblo; por lo mismo las y los constituyentes designados no serían depositarios de la voluntad ciudadana, sino del encargo asignado por el Presidente o el Jefe de Gobierno.

Con esta reforma, ¿debemos entender que las y los Senadores consideran a la ciudadanía incapaz de elegir a sus representantes? O, ¿es una estrategia para garantizar la participación de grupos políticos que no resistirían el escrutinio ciudadano por medio del sufragio? Lo cierto es que un método de estas características deja más dudas que certezas; y hace de un proceso que debería ser un ejemplo de participación y deliberación pública, sobre todo en las circunstancias actuales del país y de la Ciudad de México, un nuevo laberinto de opacidad y desconfianza en las instituciones.

Por todo esto las y los firmantes demandamos a la Cámara de Diputados que re considere el método de integración de la Asamblea Constituyente. La historia de lucha por la democracia en la Ciudad vuelve imperante la realización de un proceso verdaderamente democrático que facilite la participación de amplios grupos de la población, y que su composición sea una verdadera expresión de la pluralidad y compromiso que caracteriza a la sociedad capitalina.

Así mismo, llamamos a la ciudadanía para que al igual que en el plebiscito de 1993, y la elección de 1997, se movilice en torno al proceso constituyente de la Ciudad de México. Es momento de tomar los destinos de la Ciudad en nuestras propias manos, para construir un nuevo pacto social que refleje la identidad democrática e incluyente que hemos venido forjando en más de cuarenta años de lucha por la libertad y la justicia.

Firman:

ORGANIZACIONES

Académicas en Acción Crítica (AAC); Afluentes S.C.; Alianza Cívica A.C.; Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Cauce Ciudadano A.C.; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.; entro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo; Clóset de Sor Juana A.C.; COA Nutrición A.C.; Colectiva Ciudad y Género; Comité Cerezo México; Comité de Derechos Humanos Ajusco; Comunicación Comunitaria A.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Ddeser – Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; DECA Equipo Pueblo A.C.; Elige, Red de jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil; Espacio Libre Independiente Marabunta A.C.; Espatium Liberta A.C.; Fundación Arcoiris A.C.; Guerreros Verdes A.C.; Igualdad y Justicia Socio Ambiental (IJSA); Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl A.C.; JASS- Asociadas por lo Justo; MIDI – Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación; Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos; Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C. ; Red por la Ciudadanía plena de las Mujeres; Reinas Chulas; ReverdeSer Colectivo; Territorios de Cultura; Vía Orgánica A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

CIUDADANAS Y CIUDADANOS:

Aleida Calleja; Angélica Morales Sarabia; Bonifacio Martínez Castañeda; Carlos Cruz Santiago; Claudio Frausto Lara; David Escobar Hernández; Diana Beatriz Chavolla; Erika Llanos Hernández; Gabriela Rodríguez R.; Guadalupe Valencia García; Jorge Fernández Souza; Julieta Ponce Sánchez; Margarita Favela Gavia; Mariana Miranda Reyes; Mayra Pérez Sandi Cuen; Melissa Zamora Vieyra; Mercedes López Martínez; Miguel Barrera Rocha; Miguel Concha Malo; Olivia Tena Guerrero; Rosa María Sánchez Aranda; Silvia Alonso Félix; Teresa Pérez Vázquez; Víctor García Zapata.

Contacto e información:

Carlos A. Ventura Callejas
Cel: 5539107000
Tel: 56596797 ext 227

Sebastián Ramírez
Tel: 55124521 ext. 111

COMUNICADO | Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

27 abril 2015

ORGANIZACIONES

México, 26 de abril de 2015. En la SCJN se está discutiendo el expediente Varios relativo a los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. La discusión tiene como objetivo que la SCJN establezca cuáles son las obligaciones que se derivan de las sentencias para el Poder Judicial. En ese sentido, es muy importante, como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, que la SCJN se pronuncie sobre qué es juzgar con perspectiva de género y etnicidad.
Sin embargo, las discusiones han sido preocupantes pues se ha regresado a cuestiones sobrepasadas y ya discutidas en el Varios de Rosendo Radilla. En ese marco y en unión con importantes organizaciones de la sociedad civil, emitimos el presente comunicado conjunto expresando la importancia de las discusiones y las preocupaciones principales de las discusiones.

Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

– SCJN continuará este lunes el análisis sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el expediente Varios 1396/2011.

– ONG´s expresan su preocupación ante el aumento de las posiciones regresivas en materia de derechos humanos que se expresan en el Pleno.

– La SCJN debe analizar los casos de Inés y Valentina a la luz del aumento de la tortura sexual en el país.

México, D.F. a 26 de abril de 2014.- Ante la inminente culminación del análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dentro del expediente Varios 1396/2011, los organismos civiles que suscribimos este comunicado llamamos al Máximo Tribunal a establecer criterios efectivos en materia de género, etnicidad y tortura sexual.

Cabe recordar al respecto que la larga búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú -mujeres indígenas del pueblo Mep’haa que en 2002 sobrevivieron graves violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano-, culminó con la emisión de dos sentencias de la Corte IDH en el año 2010. Éstas, imponen al Estado mexicano diversas obligaciones que deben ser acatadas sin cuestionamiento alguno. Justamente, el análisis que a partir del martes 21 de abril comenzó la SCJN, busca profundizar y desarrollar cuáles son los deberes a los que específicamente se encuentra obligado el Poder Judicial de la Federación.

Hasta ahora, el análisis realizado por la SCJN no ha mostrado a un Tribunal Constitucional que busque ampliar genuinamente las garantías de los derechos humanos. Por el contrario, se ha evidenciado que el Máximo Tribunal vive un período de retrocesos, como fue puesto de relieve en tres momentos del debate: el primero, al determinar el Pleno que debía realizarse un improcedente ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria –establecida en la contradicción de tesis 293/2011– sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; un segundo momento, al evitar analizar la compatibilidad de la reciente reforma en materia de fuero militar con el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, maximizando así los efectos de su fallo; y, finalmente, resultan de suma preocupación las posiciones que van en contra de lo establecido en el Varios 912/2010, correspondiente al caso Rosendo Radilla, posiciones que, de articularse en una mayoría, podrían poner en riesgo los incipientes avances en la garantía jurisdiccional de los derechos humanos que permitió la reforma constitucional de 2011.

A pesar de lo anterior, la SCJN aún tiene ante sí la oportunidad de ampliar la garantía de los derechos humanos, mediante el análisis que realizará a partir de este lunes 27 de abril, en lo concerniente a las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Éstas suponen deberes sustantivos para las autoridades judiciales del país que pueden ser desarrollados con mayor detalle por la SCJN.

Respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género, de las sentencias de la Corte IDH se desprenden pautas de actuación muy concretas para las y los juzgadores que dirimen casos donde están en juego los derechos de las mujeres, en aspectos tan concretos como la valoración de la prueba. La resolución que emitirá la SCJN en el Varios 1396 podría fijar más criterios para la actuación del Poder Judicial en este tipo de casos.

En cuanto a la impartición de justicia con perspectiva de género, las sentencias conquistadas por Inés y Valentina indican cómo deben actuar los órganos estatales cuando mujeres indígenas acuden ante ellos buscando justicia. Estas sentencias se refieren a las medidas que deben adoptarse para respetar su identidad cultural, la manera de cómo debe recabarse su declaración inicial y durante el proceso. Al resolver este expediente, la SCJN podría pronunciarse sobre las medidas integrales que deben adoptar las juezas y los jueces para que las mujeres indígenas accedan a la justicia en forma efectiva.

En lo referente a la tortura sexual, las sentencias de la Corte IDH son claras en establecer que la violación sexual cometida por servidores públicos constituye tortura. Hoy en día, como lo ha señalado el Relator de las Naciones Unidas en la materia, la tortura en México es generalizada y afecta de forma diferenciada a las mujeres. Más aún, Inés Fernández y Valentina Rosendo forman parte de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que busca denunciar la práctica de la tortura sexual y visibilizar los casos de mujeres que la han sobrevivido, algunas de ellas hoy todavía en prisión. En este sentido, la resolución del Varios 1396 puede ayudar a que existan parámetros claros de actuación para las y los jueces que conocen casos de esta índole.

Finalmente, en lo que corresponde al combate contra la impunidad, es importante señalar que los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú se encuentran hoy ante el Poder Judicial de la Federación, pues los procesos correspondientes se ventilan en el juzgado Séptimo de Distrito en Chilpancingo y en el Juzgado Segundo de Distrito en Acapulco. Al resolver el expediente Varios 1396, la SCJN debe especificar las obligaciones que tienen dichos órganos judiciales para asegurar que los casos de ambas mujeres Me´phaa no queden impunes.

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú han luchado incansablemente por más de trece años para acceder a la justicia, desafiando todas las barreras presentes en el sistema de justicia mexicano que reproducen la triple discriminación en razón de género, identidad étnica y condición socio-económica. En reconocimiento a la dignidad de la lucha de ambas mujeres Me’phaa, hoy le corresponde a la SCJN, aprovechar la discusión del expediente Varios 1396/2011 para fijar criterios de avanzada en materia de género, etnicidad y tortura sexual. La crisis de violaciones a derechos humanos que vive el país exige respuestas contundentes; se necesitan verdaderas garantías de no repetición y voluntad expresa para erradicar la impunidad. Recordamos la petición de Valentina Rosendo Cantú al asistir a la sesión del Pleno el jueves 23 de abril: la SCJN debe contribuir verdaderamente a que las mujeres indígenas tengan mejores condiciones cuando busquen acceder a la justicia.

Las organizaciones hacemos un llamado respetuoso para que el Alto Tribunal de la Nación escuche las voces de las víctimas y sus representantes y asuma su rol de garante de los derechos humanos avanzando en la jurisprudencia interna con el máximo estándar de protección para las mujeres.

Asociadas por lo Justo – JASS
Casa del Migrante de Saltillo
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Equis Justicia para las Mujeres.
Fundar, Centro de Análisis e Información
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
REDIM Red por los derechos de la infancia en México
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos A.C.


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